Habitantes de algunos municipios del Huila se encuentran en alerta luego de recibir notificación por parte de las disidencias de las FARC que deben de ser carnetizados.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En el departamento del Huila, las disidencias de las FARC han intensificado una estrategia conocida como «carnetización», que consiste en empadronar a la población civil para ejercer control territorial y social. Esta práctica ha generado preocupación en diversas comunidades.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Gobierno Departamental, la «carnetización» se ha extendido por varios municipios del Huila, incluyendo: La Argentina, Tello, La Plata y recientemente en Campoalegre.
En Campoalegre momentos de tensión y temor se viven actualmente en las veredas La Vega de Oriente, Otás y Río Neiva, luego de que sus habitantes recibieran una advertencia por parte de las disidencias de las FARC, quienes habrían ordenado la carnetización de las comunidades locales.
Según denunciaron los residentes, el grupo armado ilegal impuso esta medida de manera arbitraria, generando preocupación entre la población por el control social que pretenden ejercer en la zona. La presencia de estos panfletos ha alterado la tranquilidad de las familias campesinas, que temen por su seguridad.
Entre tanto, un miembro de las disidencias FARC del Frente Iván Díaz se habría comunicado con Centro Noticias Huila, un medio de comunicación del municipio de Campoalegre para aclarar que este grupo no está pidiendo dinero a los campesinos de la región.
“Estamos socializando con los presidentes de Junta de acción comunal de la zona rural que los habitantes y las familias de la región deben estar plenamente identificados con un carnet que tiene un valor de 7 mil pesos pago voluntario, las personas que transiten en la zona rural deben tener un carnet y si no lo tienen serán multados” indicó el comandante de las disidencias al medio de comunicación regional.
A su vez, en La Argentina, Huila, también manifiestan que los presidentes de la Junta de Acción Comunal y habitantes de las veredas deben de estar carnetizados para poder trabajar en la zona.
Ante los hechos, las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes. Se busca determinar el alcance de la amenaza e implementar medidas de protección para las comunidades involucradas.
“En la zona rural del municipio de la Argentina, con base en la información que hemos podido obtener de algunas personas que residen en este territorio, se ha podido establecer que efectivamente la población está siendo víctima de una serie de hechos que atentan contra su libertad y contra sus derechos”, indicó el secretario de Gobierno del departamento, Juan Carlos Casallas.
Además, el funcionario dio a conocer que además de la extorsión se suman las reuniones constantes, la imposición de horarios y de restricciones a la movilidad, pero además de eso todo el tema de carnetización y la obligación incluso a los patrones de pedir unas cartas de recomendaciones para poder ser vinculados en alguna actividad dentro de las fincas o de los predios en la zona rural.
“Esta información ya fue transmitida a los comandantes, tanto de policía como de ejército. Se solicitó diseñar una estrategia de intervención que nos permita especialmente garantizar y restablecer los derechos de esta población y por supuesto una acción focalizada”, sostuvo Casallas.
De acuerdo con la información dado a conocer por redes sociales, en estos municipios, las disidencias han utilizado las Juntas de Acción Comunal (JAC) para realizar empadronamientos forzados, obligando a los líderes comunitarios a convocar reuniones y recopilar información sobre los habitantes.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre la presencia de las disidencias en varios municipios del Huila, señalando que estas acciones vulneran los derechos y libertades de las personas y ponen en riesgo la seguridad de la población.
En ese sentido, es fundamental que las autoridades nacionales y locales refuercen la presencia institucional en estas zonas y que la comunidad participe activamente en la denuncia de estos hechos para garantizar la seguridad y los derechos de todos los habitantes del Huila.
Intervención de las autoridades
Por otro lado, el secretario de Gobierno del departamento, Juan Carlos Casallas, confirmó que los líderes comunales y residentes deben portar un carnet para poder movilizarse y trabajar en la región.
“La población está siendo víctima de una serie de hechos que atentan contra su libertad y sus derechos. Hemos recibido testimonios que indican que hay reuniones constantes, extorsiones, restricciones de movilidad y la imposición de horarios por parte de estos grupos al margen de la ley”, afirmó el funcionario.
Casallas también reveló que incluso los empleadores están siendo obligados a solicitar cartas de reconocimiento para poder contratar mano de obra en fincas y predios rurales. Esta práctica se ha convertido en una forma de control social que coarta la libre asociación y el derecho al trabajo de los campesinos.
La situación ya fue puesta en conocimiento de los altos mandos de la Policía y el Ejército, a quienes se les ha solicitado implementar una estrategia de intervención urgente y focalizada.
“Necesitamos garantizar los derechos fundamentales de esta población, y actuar con contundencia frente a estas estructuras criminales que están sometiendo a comunidades enteras”, puntualizó el secretario.
ONU expresa preocupación
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su preocupación por los riesgos que enfrenta la población civil en el municipio de Tello, Huila, debido a la presencia y acciones de grupos armados no estatales.
A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el organismo denunció abusos constantes, amenazas y un ambiente de estigmatización que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades.
Según la ONU, los habitantes del municipio viven bajo presiones y un clima generalizado de temor, lo que afecta directamente su integridad física y emocional. Las intimidaciones, sumadas a la falta de garantías de seguridad, han intensificado la situación de riesgo para líderes sociales, campesinos y comunidades vulnerables.
Ante este panorama, la organización internacional hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas eficaces que garanticen la protección de la población, y frenen toda forma de violencia, discriminación o persecución por parte de actores armados ilegales.
