Por: EDWIN FERNANDO PISSO ESCALANTE
En las últimas semanas, ha surgido un tema de relevancia en diferentes regiones del país, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Estas áreas son designadas y delimitadas en el territorio colombiano con el propósito de proteger y fomentar la producción de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria y promoviendo un desarrollo rural sostenible. Las zonas APPA se distinguen por contar con condiciones propicias para la agricultura y la ganadería, recursos hídricos disponibles, presencia de infraestructura rural, así como una rica biodiversidad y valiosos ecosistemas.
La creación de estas áreas protegidas no solo contribuye a la conservación de los recursos naturales, sino que también impulsa prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, preserva la biodiversidad y los ecosistemas, y fomenta un desarrollo rural equilibrado que garantiza la seguridad alimentaria a nivel nacional. Sin embargo, es importante considerar los alcances y posibles implicaciones de esta iniciativa en el contexto socioeconómico y político del país.
El proceso de identificación de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos marca el punto de partida para la coordinación institucional que facilita el acercamiento al territorio y la interacción con los diferentes actores involucrados, incluyendo a los distintos gremios y sectores interesados. Durante esta etapa inicial, se busca establecer relaciones efectivas y diálogos a nivel territorial y sectorial que permitan la articulación, coordinación y gestión de la información relevante, la cual será posteriormente analizada y procesada para la declaración oficial de las zonas APPA.
Es válido cuestionar si la creación de estas áreas protegidas vulnera el principio de autonomía territorial, que garantiza a las entidades locales la capacidad de tomar decisiones y gestionar sus asuntos sin interferencia indebida del gobierno central. La autonomía territorial implica la capacidad de la gestión propia, la toma de decisiones, la participación ciudadana, la descentralización y la responsabilidad local en el diseño e implementación de políticas públicas.
En este sentido, es fundamental que el proceso de designación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se realice con transparencia, participación y diálogo con las comunidades locales y los actores involucrados a través de los Esquemas de Ordenamiento Territorial o en su efecto los Planes de Ordenamiento Territorial, donde se garantice que la creación de estas zonas protegidas contribuya verdaderamente al bienestar de las poblaciones rurales, promoviendo un desarrollo sostenible que respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Además, es necesario considerar el impacto socioeconómico de las zonas APPA en las actividades productivas de las regiones afectadas, así como en la generación de empleo, la diversificación de la economía local y la reducción de la pobreza rural. Es importante fomentar estrategias de desarrollo integral que integren la conservación ambiental con el desarrollo económico y social de las comunidades rurales, promoviendo la equidad, la inclusión y la justicia en el acceso a los recursos naturales y los beneficios derivados de su uso sostenible.
