La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció medidas administrativas frente a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, tras detectar posibles inconsistencias relacionadas con la inexistencia de infraestructura en las direcciones físicas registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
En una primera decisión, contenida en la Resolución 0087804 de 2025, la entidad suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que habían radicado facturas por más de $4.911 millones.
En una segunda decisión, mediante la Resolución 0087805 de 2025, se suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de cuentas bancarias a otras 11 IPS, lo que implica que las nuevas facturas presentadas por estas entidades serán rechazadas.
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La ADRES notificó a los representantes de las IPS involucradas, quienes cuentan con un plazo de 10 días hábiles para interponer recurso de reposición.
Estas medidas hacen parte de los procesos de auditoría contratados por la entidad desde 2023, a través de tres firmas encargadas de realizar visitas físicas de verificación. El objetivo es ejercer control sobre los pagos derivados de reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte asociados a accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin SOAT o no identificados.
La ADRES recordó que en 2024 adoptó medidas similares contra 52 IPS, que habían radicado cuentas por más de $70.000 millones. De ellas, 36 entidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de fraude o intento de fraude, tras no demostrar infraestructura física pese a contar con registro habilitado para la prestación de servicios de salud.
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