El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer disculpas públicas a la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, por declaraciones emitidas en su cuenta de X el pasado 29 de septiembre, en las que la señaló de ser “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, en referencia a los casos de los denominados falsos positivos.
El tribunal determinó que las afirmaciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de la congresista, por tratarse de una imputación directa sin sustento judicial. En consecuencia, el presidente dispone de cinco días para cumplir la orden y rectificar sus declaraciones.
La decisión judicial se produjo tras una acción de tutela interpuesta por Valencia, quien argumentó que los señalamientos del jefe de Estado excedieron los límites de la libertad de expresión, al no corresponder a una opinión política sino a una acusación penal.
En su fallo, el juzgado precisó que la rectificación deberá realizarse por medio de tres canales oficiales: la cuenta de Presidencia de la República, la del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la cuenta personal del presidente Petro en la red social X.
El mensaje objeto de controversia fue publicado por el mandatario como respuesta a un video en el que Valencia cuestionaba su discurso durante un evento internacional. En él, el presidente escribió:
“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.
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En otro trino, Petro añadió:
“Ahora se quiere evadir la responsabilidad política del Gobierno y del partido de gobierno que tuvo durante los ocho años que duró el mandato de los falsos positivos, crimen de lesa humanidad”.
La senadora respondió señalando que nunca ha sido investigada ni sancionada por los hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Además, insistió en que el mandatario la señaló falsamente, afectando su reputación y su ejercicio político.
Por su parte, la defensa de la Presidencia argumentó que los mensajes se enmarcan dentro del debate político, sin intención de realizar una acusación judicial. Sin embargo, el tribunal consideró que el presidente “excedió el marco del discurso político protegido”, al atribuirle una conducta delictiva a una servidora pública sin evidencia legal.
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