El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva aceptó la tutela interpuesta por la Asociación Agropecuaria de Acuicultura y Pescadores Artesanales del Huila contra la Presidencia de la República y varias entidades nacionales y regionales, incluyendo el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, y la empresa Enel S.A., entre otras.
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La acción judicial señala que se vulneraron derechos fundamentales como el trabajo, el mínimo vital, el debido proceso, el derecho de petición y el derecho a un medio ambiente sano, además de principios de solidaridad y derechos civiles, sociales y políticos. Según la asociación, la apertura de compuertas en los embalses El Quimbo y Betania, realizada por Enel a finales de junio de 2025 durante una intensa temporada de lluvias, generó una creciente significativa en el río Magdalena y afectó de forma directa la actividad de la pesca artesanal.
Criticas por la apertura
La decisión de liberar agua, tomada cuando ambos embalses estaban cerca de su máxima capacidad, despertó críticas en la opinión pública. Diversos sectores cuestionaron la posible falta de un plan de contingencia por parte de la multinacional energética y la capacidad de las autoridades municipales y departamentales para prevenir o mitigar los impactos aguas abajo.
Los pescadores artesanales aseguran que, desde antes de la apertura de compuertas, habían emitido alertas a las autoridades sobre la disminución de peces y la creciente amenaza que enfrentaban sus medios de vida debido a los cambios en el caudal del río. La tutela busca que se reconozca la afectación socioeconómica y ambiental que esta situación habría causado, y que se adopten medidas para garantizar la protección de sus derechos y la recuperación de la actividad pesquera.
El tribunal vinculó también a entidades como Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), para que rindan informes y expliquen su participación o responsabilidad frente a la gestión de esta emergencia hídrica.
