AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Se equivocan los tratadistas y analistas de la realidad social que se vive en nuestro supuesto Estado Social de Derecho, donde se pregona la defensa de la institucionalidad a partir de la autonomía, independencia y total defensa de su rama del poder público, para interpretar y saber diferenciar cómo es posible, que en medio de todo este andamiaje estructural del Estado, podamos pregonar que la POLITICA, no ha llegado a infectar, a condicionar, a movilizar y ha establecer los parámetros para la funcionalidad de las otras ramas del poder público.
Es un ideal de democracia, dirán algunos, es un modelo que se pregona, pero no se practica, dirán otros, pero la realidad que acabamos de establecer y que día a día se confirma año tras año, es la de que la Justicia ha terminado por despojarse de su investidura para obrar y actuar según los mandatos o la manipulación, quiérase o no, de quienes ejercen y direccionan la política nacional.
Se nos ha enseñado que hay independencia y autonomía en la búsqueda de establecer con transparencia el ejercicio del poder público. Y resulta que en últimas, los medios de comunicación y la forma como se personalizan las postulaciones hacia las altas dignidades de la Administración de Justicia y el rol electoral que se le ha asignado al Congreso de la República, terminan por darnos la razón, de que más puede el poder político y la dirigencia hacia el establecimiento y la forma de controlar todas las instituciones del Estado, sin tener en cuenta lo que en determinado momento, es la correspondencia entre el cargo a elegir y los méritos que para ello se tengan.
Quizá somos demasiado apegados a la norma, creemos aún en la transparencia del lenguaje de quienes están en las altas dignidades, pero olvidamos el papel que han jugado en cada rol que les ha correspondido ejercer, para generar confusión, tergiversar los conceptos y las finalidades de unos y de otros, y saber que la Defensa de la Constitución, debería estar en manos de los más preclaros servidores de la Justicia, son simples mensajeros de un capital político que les ha permitido congraciarse con el poder mismo y por tanto, abrevar las migas que quedan del ejercicio manido de una democracia en decadencia, viciada y consolidada bajo bases endebles y fácilmente movedizas, que los convierten en fichas de una tramoya, donde la legitimidad y la legalidad, rayan con la ética y la moralidad en su conjunto.
Entonces nos preguntamos y qué es la justicia y qué es la política y es cuando entendemos, que una y otra, hacen parte de un juego, que no tienen coincidencia y que según nuestra realidad social colombiana, se distancian una de otra, de tal manera que la política en lugar de estar al servicio de las causas y de la proyección social de las comunidades, afincado en la corrupción, en la malversación de los recursos públicos, ha dejado una estela de ausencia total del fin esencial que le es propio, en tanto que la justicia, convalidado por la misma Constitución Política, permite que las expectativas de concretar los postulados filosóficos de garantizar los derechos ciudadanos, termine haciendo parte de un proceso donde se fomentan los intereses sectoriales o de clase y de prohíjan las desigualdades sociales que crecen dinámicamente en nuestro país, día a día.
Soñamos que llegará un día, en el que la razón y la convivencia ciudadana, sean la base esencial del cambio y de las transformaciones políticas y jurídicas que están lejos de ser un elemento de cohesión, entre nosotros los colombianos, mientras tanto, solo nos queda agachar la cabeza y entender que la justicia ha sido salpicada por todos los defectos que ya conocemos de la política nacional colombiana, entre otras.
