Las garantías que se han prodigado en el juicio por todos conocidos, con ocasión del proceso penal que en su contra se ha difundido por todos los medios de comunicación y que ha convocado a la opinión pública nacional e internacional, debería ser un modelo de juzgamiento para todos los procesados por delitos en Colombia, a pesar de que ello degeneraría en una justicia limitada que le abriría las puertas a todas las formas de impunidad e injusticia, amén de las que ya subsisten como consecuencia del caos por la avalancha de noticias criminales que no se alcanzan a evacuar dentro de los términos de ley, pero que hacen parte, cuando se ponen en conocimiento de las autoridades, que es mínimo, de las grandes fallas que aquejan la criminalidad, la justicia y la búsqueda de la verdad.
Qué ameritaba toda esta parafernalia procesal y pública, quizá por el hecho antecedente de la personalidad y el liderazgo que ha ejercido el acusado, y además por ser el primer exmandatario llevado a la silla de los acusados, que hoy, no se rinde ante el imperio de la justicia y centra su defensa en argumentos que han sido debidamente controvertidos a la luz del ordenamiento jurídico probatorio, como corresponde hasta la fecha.
Es extraño que las altas cortes hayan guardado silencio hasta último momento, para auspiciar la defensa de la institucionalidad y el respeto por las decisiones judiciales, así ellas en su momento, no nos complazcan o consideremos que no se ajustan a la ley, pero en el curso del trámite de los mismos y la forma de desarrollarse las garantías procesales, existen los escenarios establecidos para ello, para cuestionar o reformular las apreciaciones y conclusiones a las que se llega por uno u otro operador judicial, y es esa la premisa que había que anunciar y defender desde un primer momento por todos y evitar todo este desmedro en el que nos hemos dejado impregnar por cuenta de esa forma tradicional en éstos pueblos de la justicia amarillista o la justicia en manos de los medios de comunicación, que es la justicia alternativa con la que cuentan muchos potentados.
Que el fallo se ejecute o que cumpla la finalidad para el cual fue establecido, nos lleva en el presente caso a pensar y considerar que este será uno de los tantos casos en los que la sentencia será inane, porque ese fin último que se había buscado con la dilación y la maquinación de su trámite y de su forma de encarar y hacer del juicio un eterno desfilar de personajes que coparon las agendas de unos y de otros, verá el resultado de una justicia que no opera, bajo la premisa de la prescripción o del azote del paso del tiempo, entre las formas de cobrar la impunidad y adornar de ilegitimidad su antecedente.
Es por ello, que estimamos por ahora, que como quiera que los colombianos seguimos siendo víctimas del sensacionalismo y de la tergiversación de la verdad, esta dadiva hace parte del “pan y circo” con el que se estimula la pérdida de credibilidad en las instituciones, ya que ningún legislador actualmente, estaría dispuesto a acabar con el fenómeno de la prescripción penal, como en otras latitudes o bien que se encuentren personalidades con entereza y dignidad que pregonen su inocencia a costa incluso de renunciar a la prescripción como beneficio de su lucha por la impunidad o por la injusticia que haya arropado con sus actos.
Es quizá esta una oportunidad para evocar parte de ese tema que muchos hemos esbozado en alguna forma cuando hemos pregonado la presencia en nuestro lenguaje de una justicia injusta, de una justicia en la que la legalidad, el derecho y la verdad, riñen de tal forma, que no se alcanza a dimensionar la trascendencia y la efectividad de poder generar, crear y diseñar, elementos estructurales que conformen “un todo” dentro del postulado filosófico de lo que es y para lo que existen la ley y el operador jurídico.
