El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó sus alegatos finales este 7 de julio ante la jueza Sandra Heredia, en el marco del proceso penal abierto desde 2018, en el que se le acusa de soborno a testigos y fraude procesal. La defensa, encabezada por Jaime Granados y Jaime Lombana, expuso una estrategia basada en la ausencia de pruebas concluyentes, mientras la Fiscalía y la Procuraduría expresan posiciones divergentes: ésta última solicitó la absolución, mientras el ente acusador insiste en una condena.
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Durante más de 22 horas, el equipo defensor articuló argumentos detallados sobre supuestas fallas en la grabación del video grabado por el abogado Diego Cadena y cuestionaron la validez de ciertas interceptaciones telefónicas. Patricia, como lo describieron, contiene cortes y falta de custodia que, según ellos, ponen en duda la veracidad de las acusaciones. En contraste, la Fiscalía mantuvo su tesis acerca de un plan sistemático para influir sobre testigos.
El propio Uribe tomó la palabra y calificó el caso como un “entrampamiento”, denunciando que la Fiscalía habría alterado su testimonio al atribuirle palabras que él asegura nunca pronunció. Además, solicitó que se investigue al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, poniendo en entredicho la imparcialidad del proceso.
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La jueza Heredia tiene plazo hasta septiembre para emitir un fallo en primera instancia, antes de que el caso prescriba en octubre de 2025, según el cronograma establecido. De hacerlo, definiría si Uribe se convertiría en el primer expresidente colombiano condenado por este tipo de delitos, cerrando una etapa que ha sido la más extensa y mediática en la historia jurídica reciente del país.
