La Rama Judicial se adapta a un nuevo escenario de riesgo en el suroccidente colombiano. Ante las amenazas crecientes contra jueces y magistrados en departamentos como Cauca, Nariño y Huila, el Consejo Superior de la Judicatura implementó medidas especiales de seguridad, incluyendo trabajo remoto y protección individual, para garantizar la continuidad del servicio de justicia sin poner en riesgo la vida de sus funcionarios.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La justicia en Colombia enfrenta hoy un nuevo desafío: garantizar el servicio a la ciudadanía en medio de un contexto creciente de inseguridad. En departamentos como Cauca, Nariño y Huila, varios jueces y magistrados han tenido que adoptar el trabajo remoto como medida extraordinaria de protección, ante las amenazas que comprometen su integridad y la de las sedes judiciales.
El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la implementación de medidas especiales de seguridad en estas regiones del suroccidente colombiano, donde los recientes hechos de violencia han obligado a reforzar la protección del aparato judicial. En total, entre enero y mayo de 2025, se han establecido 20 medidas de protección en sedes judiciales del país, gracias a un trabajo articulado con la Policía Nacional, en busca de salvaguardar tanto a los funcionarios como a la infraestructura física de los juzgados.
Protección individual y virtualidad, una respuesta institucional
Además de la protección a las sedes, se han entregado 37 medidas individuales de seguridad para jueces y magistrados, en articulación con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estas medidas buscan resguardar la vida y la integridad de quienes diariamente garantizan el acceso a la justicia, incluso en territorios donde el orden público se ha visto profundamente afectado.
Entre las acciones adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra la autorización para que los jueces de zonas críticas trabajen desde sus hogares, haciendo uso de herramientas digitales para cumplir con sus funciones. Esta decisión implica una reorganización temporal de la prestación del servicio, pero responde a una necesidad urgente: proteger a quienes imparten justicia sin poner en riesgo su seguridad personal.
Asimismo, se han ajustado los horarios de atención al público en varias regiones priorizadas. Estos cambios obedecen a valoraciones de riesgo hechas desde la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial, en coordinación permanente con la Fuerza Pública. El monitoreo constante de la situación en los territorios permite tomar decisiones rápidas y oportunas ante cualquier novedad que pueda poner en peligro el funcionamiento de la justicia local.
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Cauca, Nariño y Huila: territorios golpeados por la violencia
Los departamentos de Cauca, Nariño y Huila han registrado en los últimos meses un recrudecimiento de los factores de violencia. En estas zonas, la presencia de grupos armados ilegales, la presión contra líderes sociales y la amenaza permanente a instituciones del Estado han encendido las alertas de todas las ramas del poder público.
El Consejo Superior de la Judicatura mantiene una comunicación constante con las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, a fin de garantizar que, pese a las restricciones, se mantenga el servicio de justicia con la mayor normalidad posible. Los Consejos Seccionales han sido fundamentales en la adopción de estrategias adaptadas a las particularidades de cada territorio.
Un compromiso con la justicia y la democracia
La situación ha sido abordada con decisión por parte de la Judicatura, que reconoce el papel esencial de jueces y magistrados como garantes del Estado Social y Democrático de Derecho. Así lo expresó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, al asegurar que:
“Atendemos las necesidades de los servidores judiciales, porque entendemos que servir a nuestros jueces es servir a la ciudadanía, es construir país y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho”.
Las autoridades judiciales reafirmaron que se mantendrán firmes en su compromiso por mantener la operatividad del sistema, adoptando todas las medidas necesarias para proteger a sus funcionarios y garantizar el acceso a la justicia en cada rincón del país.
Seguridad judicial: una prioridad nacional
La corporación concluyó que continuará actuando con determinación para enfrentar los desafíos de seguridad que se presentan en el contexto actual del país. La implementación de esquemas virtuales, el acompañamiento de la Fuerza Pública y la vigilancia permanente sobre los territorios en riesgo, forman parte de una estrategia integral para defender la independencia y la operatividad de la Rama Judicial.
Mientras tanto, en municipios y ciudades del sur del país, la imagen de juzgados vacíos, pero en funcionamiento desde la virtualidad, refleja la resiliencia del sistema judicial colombiano ante las adversidades del conflicto y la violencia.
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