La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la judicialización de Jairo Alberto Garro Rivera, presunto responsable de una millonaria captación ilegal de dinero en Florencia, Caquetá. De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, Garro Rivera habría recibido más de 260 millones de pesos de al menos 20 personas, bajo la promesa de rendimientos financieros excepcionales, sin contar con autorización legal para ello.
Los hechos investigados ocurrieron entre febrero y diciembre de 2024. Durante este periodo, las víctimas habrían entregado cuantiosas sumas de dinero, motivadas por las promesas de obtener hasta un 80% de rentabilidad en apenas 20 días, algo muy por encima de los rendimientos ofrecidos por el sistema financiero formal. El dinero fue entregado tanto en efectivo como por medio de consignaciones bancarias y transferencias. A cambio, los ciudadanos recibían comprobantes que pretendían dar apariencia de legalidad a la operación.
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No tenía el permiso
Sin embargo, la Fiscalía estableció que el procesado no contaba con el permiso de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de supervisar y autorizar actividades relacionadas con la captación de recursos del público. Tampoco estaba registrado como persona jurídica o entidad autorizada para realizar actividades de inversión, lo que convierte estas operaciones en ilegales.
La modalidad usada por Garro Rivera incluía publicaciones en redes sociales donde promovía estas supuestas inversiones, captando la atención de los ciudadanos con mensajes que ofrecían retornos rápidos y elevados, lo que facilitó el engaño y permitió la captación masiva y habitual de dineros.
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Caquetá imputó a Garro Rivera el delito de captación masiva y habitual de dineros agravada, una conducta penal sancionada en el ordenamiento jurídico colombiano debido a los riesgos que representa para la economía y la confianza ciudadana. El imputado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Ahorros perdidos
Este tipo de delitos afecta gravemente la estabilidad financiera de las víctimas, muchas de las cuales invierten sus ahorros confiando en propuestas aparentemente legales y rentables. La captación ilegal de dinero consiste en recibir recursos del público sin autorización del Estado, con el fin de realizar operaciones de inversión, ahorro o crédito. Estas actividades, además de estar prohibidas por la ley, suelen ocultar esquemas fraudulentos.
La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe adecuadamente antes de entregar su dinero, evite confiar en promesas exageradas de ganancias y verifique que las empresas o personas que ofrecen servicios financieros estén debidamente registradas y supervisadas por las autoridades competentes.
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