DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
El actual presidente de la Corporación Concejo de Neiva, Juan Diego Amaya Palencia, podrá continuar en su cargo hasta el 31 de diciembre y en su curul hasta finalizar su periodo de cuatro años, tras la revocatoria del fallo de nulidad de su elección emitido por el Tribunal del Huila. El Consejo de Estado, en una decisión crucial para la política local, anuló la sentencia del tribunal, que consideraba que Amaya Palencia incurrió en una presunta inhabilidad debido a su vínculo con la directora ejecutiva de Corposanpedro, Adriana Rojas Salazar.
El conflicto judicial surgió cuando, en septiembre, el Tribunal del Huila había declarado la nulidad de su elección como concejal de Neiva, alegando que su relación familiar con Rojas, quien lidera una entidad privada con manejo de recursos públicos, podría haber influido en la gestión pública y afectar la transparencia de la administración. Sin embargo, la reciente sentencia del Consejo de Estado determinó que no existía base legal suficiente para anular la elección de Amaya Palencia, lo que le permite seguir desempeñando sus funciones como concejal.
Puede leer: Parque Santander de Neiva sin vendedores ambulantes
Un conflicto judicial que aún genera incertidumbre
A pesar de la revocatoria del fallo y el mantenimiento de su puesto en el Concejo, el concejal Amaya sigue enfrentando interrogantes sobre su vinculación con Corposanpedro, entidad privada encargada de organizar las festividades de San Juan y San Pedro, que maneja recursos públicos. Aunque en principio la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila desestimó la demanda por doble militancia presentada en su contra, las dudas sobre posibles conflictos de intereses permanecen en el debate público.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control en la gestión pública y el vínculo entre funcionarios de cargos públicos y entidades privadas que manejan recursos estatales. El futuro político de Amaya Palencia dependerá no solo de las decisiones judiciales que puedan surgir en los próximos meses, sino también del impacto que estas situaciones puedan tener en su imagen ante los electores y la comunidad.
Con el fallo del Consejo de Estado, se cierra una etapa del conflicto judicial que había generado incertidumbre en la conformación del concejo municipal de Neiva. Sin embargo, este episodio deja abiertas muchas interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y la necesidad de un análisis más profundo sobre las reglas que rigen la participación política en el municipio.
Le puede interesar: Contratistas de Catastro en Neiva exigen el pago de honorarios atrasados
