La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad penal a los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria por su participación en el patrón macrocriminal de «falsos positivos» en Antioquia entre 2004 y 2007.
Según la JEP, los altos oficiales lideraron la política de facto de «conteo de cuerpos», una práctica que priorizaba la cantidad de supuestos insurgentes muertos en combate como principal indicador de éxito militar. Bajo esta directriz, al menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como bajas en combate.
Presión y recompensas: la maquinaria de muerte
De acuerdo con el tribunal de justicia transicional, la política ilegal impulsada por estos generales llevó a las tropas a cometer graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo la ejecución de civiles indefensos y combatientes rendidos.
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Esta estrategia se consolidó mediante:
Amenazas y presiones a los soldados para aumentar la cifra de bajas.
Premios e incentivos a quienes reportaran más muertes.
Competencia interna entre batallones por los primeros lugares en las estadísticas oficiales.
La JEP determinó que, en total, 270 hechos delictivos dejaron 442 víctimas, de las cuales 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Además, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas antes de ser ejecutadas.
Cadenas de mando y responsabilidades
Las conductas criminales ocurrieron cuando los generales imputados ocupaban cargos de mando en la IV Brigada del Ejército Nacional. En el caso de Piza Gaviria, su rol fue como Oficial de Operaciones. Junto a ellos, la JEP imputó a otros 35 oficiales y suboficiales pertenecientes a seis batallones:
Batallón de Infantería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» (BAJES)
Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 «General Pedro Nel Ospina» (BIOSP)
Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5)
Batallón de Infantería No. 10 «Coronel Atanasio Girardot» (BIGIR)
Grupo de Caballería Mecanizado «Juan del Corral» (GMJCO)
Batallón de Infantería No. 32 «General Pedro Justo Berrio» (BIPEB)
Crímenes sistemáticos y estructura criminal
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP señaló que los generales procesados dieron órdenes directas a sus tropas, establecieron incentivos para la comisión de crímenes y promovieron asociaciones criminales dentro de los batallones.
Entre las pruebas recopiladas, se identificaron casos en los que combatientes de grupos armados, tras rendirse o ser capturados, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, en violación del DIH.
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