La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) analiza la posibilidad de conceder beneficios jurídicos a Rodrigo Londoño Echeverry (alias ‘Timochenko’) y Joaquín Gómez, antiguos integrantes del Secretariado de las FARC-EP, en relación con algunos secuestros de personal militar que no sean catalogados como crímenes internacionales.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, los secuestros cometidos por la exguerrilla pueden clasificarse en dos grupos:
Crímenes de guerra y lesa humanidad: Secuestros que involucraron exigencias de canje, violencia extrema o tratos inhumanos. Estos hechos no pueden ser objeto de amnistía y siguen bajo imputación contra ocho exintegrantes del Secretariado.
Privaciones de la libertad en contexto militar: Casos en los que la retención de combatientes no tuvo un fin de canje o coerción. Estos podrían ser susceptibles de amnistía, según lo establecido en la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1957 de 2019.
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Casos específicos bajo evaluación
Dentro de los casos que podrían beneficiarse de la amnistía se encuentra el secuestro de militares durante la toma de Las Delicias en 1996, además de otras privaciones de la libertad de miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.
La Sala de Amnistía e Indulto de la JEP ahora deberá evaluar si los hechos descritos cumplen con los requisitos para la concesión de este beneficio o si, por el contrario, deben ser considerados como crímenes de guerra.
Avance del proceso contra el antiguo Secretariado
La JEP ha determinado que el Secretariado de las FARC-EP reconoció su responsabilidad en los secuestros, por lo que se espera la imposición de sanciones propias dentro de este tribunal de justicia transicional.
En su determinación, la JEP enfatizó que la forma en que la exguerrilla privó de la libertad a los miembros de la Fuerza Pública no fue uniforme y tuvo propósitos variables a lo largo del tiempo, lo que influye en la calificación jurídica de cada caso.
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