La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones propias a 12 exintegrantes de la fuerza pública, al declararlos máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2002 y 2005, presentados como bajas en combate por el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, con sede en Valledupar.
La sentencia establece penas restaurativas de hasta ocho años, que incluyen la participación en proyectos de memoria, reparación y reconstrucción social en territorios afectados por el conflicto. Entre las medidas ordenadas se encuentran la construcción de un mausoleo con 700 osarios en Valledupar, la creación de centros culturales y de memoria para los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa, y obras comunitarias para consejos afrodescendientes en la Costa Caribe.
De acuerdo con la Sección de Reconocimiento de Verdad, los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón macrocriminal que involucró la connivencia entre militares y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC. Las víctimas fueron principalmente campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en condiciones de vulnerabilidad, algunas de ellas menores de edad y madres cabeza de familia.
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La presidenta de la Sección, magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, señaló que la decisión busca “fortalecer la legitimidad democrática” y garantizar la no repetición a partir de la verdad y la reparación. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, resaltó que estos hechos muestran cómo comunidades indígenas fueron estigmatizadas y perseguidas en el marco del conflicto armado.
Los comparecientes accedieron a estas sanciones restaurativas tras reconocer su responsabilidad y aportar a la verdad del caso, lo que permitió documentar prácticas sistemáticas como el uso de uniformes militares en las víctimas, la destrucción de documentos de identidad y la implantación de armas para simular combates.
En paralelo, tres exoficiales que no aceptaron responsabilidad enfrentan juicios adversariales que podrían derivar en condenas de hasta 20 años de prisión.
La JEP destacó que este fallo no solo responde al mandato judicial derivado del Acuerdo Final de Paz de 2016, sino que también representa un paso en la reconstrucción de la memoria colectiva y en la dignificación de las víctimas del conflicto armado en la Costa Caribe.
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