El caso de Yuli Mosquera, quien sobrevivió a un brutal intento de feminicidio en Neiva, puso en evidencia las fallas de las instituciones, que lejos de protegerla, terminaron revictimizándola al degradar la agresión a un simple accidente de tránsito.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
Por: María Camila Mosquera M.
A Yuli Fernanda Mosquera no solo intentaron quitarle la vida cuando su expareja la embistió con una camioneta en plena vía de Neiva; también la han herido de nuevo las instituciones que debían protegerla. El ataque, que debió investigarse como un feminicidio en grado de tentativa, fue minimizado en su historia clínica como un simple accidente de tránsito y degradado en la Fiscalía a ‘lesiones personales’. Entre trámites dilatados, incapacidades insuficientes y propuestas absurdas de conciliación con su agresor, Yuli enfrenta un proceso que la ha revictimizado una y otra vez, mientras carga con cicatrices físicas, psicológicas y un miedo que aún la persigue cada día.
La mujer denunció a su expareja sentimental, Aldemar Manrique, por un intento de feminicidio ocurrido en una de las vías principales de la ciudad, cuando él la arrolló con su camioneta después de perseguirla y acosarla por celos. El hecho no solo la dejó con graves secuelas físicas y psicológicas, sino que también evidenció inconsistencias en la respuesta institucional: desde la atención médica inicial, donde el hecho fue registrado como un “accidente de tránsito”, hasta la calificación judicial que bajó el caso de tentativa de feminicidio a simples “lesiones personales”.
Este artículo recoge la voz de Yuli, quien habló en entrevista sobre los hechos, el proceso judicial y las consecuencias en su vida; así como las reacciones de las autoridades locales y el comunicado oficial de la Clínica Mediláser, institución a la que fue trasladada tras el ataque.
“Él me dijo que, si no era suya, no era de nadie”
“Él me miró con esa cara de ‘usted es mía o no es de nadie’ y me embistió con la camioneta”, recuerda Yuli con un hilo de voz. Ese instante quedó marcado en su memoria como el momento en que su vida pudo terminar de manera violenta.
Según relata, todo comenzó meses atrás, en noviembre del año pasado, cuando las discusiones con su pareja empezaron a escalar por los celos. “Yo llegaba a eventos o actividades y al salir empezaban las acusaciones: que yo había mirado a alguien, que tenía un mozo. Incluso decidí dejar de usar gafas porque él me reclamaba que miraba de lejos a otros hombres. Fue enfermizo”, cuenta.
Le puede interesar: Corte Suprema: a periodista neivano lo asesinaron por su actividad
El episodio crítico ocurrió cuando, tras una discusión, Aldemar la siguió en su camioneta. Ella intentó huir en su motocicleta, pero al llegar al semáforo del sector de Alma Café, él la interceptó. “Me agarró del brazo, me exigía que lo acompañara a su apartamento. Yo le dije que no, que estaba borracho, que hablábamos después. Arranqué la moto y pensé que podría escaparme, pero él aceleró, me alcanzó y me lanzó la camioneta encima. Caí, rodé en el pavimento, y quedé con heridas enormes en las piernas y brazos. Y lo más doloroso fue verlo huir, dejarme tirada”.
En medio del caos, una transeúnte la auxilió y fue trasladada a urgencias. Pero el calvario no terminó allí.
La atención en salud: entre la urgencia y la revictimización
Yuli ingresó a la Clínica Mediláser, donde según su testimonio, inicialmente el hecho fue reportado como un accidente de tránsito. “Los paramédicos escucharon a la gente decir que él me había estrellado, que iba borracho, pero en mi historia clínica quedó como accidente. Tuve que pedirle a la enfermera que la médica llamara a la policía porque se trataba de un intento de homicidio”, asegura.
Además, denuncia que la incapacidad otorgada fue de apenas tres días, pese a que sus heridas le impedían caminar, trabajar o incluso realizar tareas básicas. “El médico me dijo: como no tiene fractura, no le puedo dar más incapacidad. Pero yo tenía la pierna abierta, heridas de más de 30 centímetros. Me sentí minimizada, como si no importara lo que estaba viviendo”.
La situación generó críticas por parte de las autoridades locales. La secretaria de Salud de Neiva, Lilibeth Johana Galván, reconoció en entrevista que la notificación del caso a las rutas de protección fue tardía:
“Este es un evento de interés en salud pública. La institución estaba obligada a notificar inmediatamente en SIVIGILA para activar la ruta integral. Sin embargo, eso ocurrió varios días después, en una segunda valoración. Hoy la paciente ya está bajo manejo psicológico y psiquiátrico, pero esa respuesta debió darse desde el primer momento. Estamos notificando a los entes de control y revisando internamente qué falló en el proceso”.
Por su parte, la secretaria de la Mujer, Clara Peña, señaló que la omisión puede constituir una falta grave:
“Las IPS están obligadas a cumplir los protocolos de atención y notificación. Si una víctima no fue auxiliada como corresponde, puede denunciarse ante la Secretaría de Salud. Desde la Casa Empoderadora estamos listos para acompañar estos casos y llevarlos al mecanismo articulador municipal, donde confluyen todas las instituciones que deben garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género”.
El comunicado de la Clínica Mediláser
Ante las críticas, la Clínica Mediláser emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que sí se activaron las rutas de manera adecuada:
“Desde Clínica Mediláser S.A. reafirmamos nuestro compromiso con la protección, el respeto y la atención integral de nuestros pacientes, especialmente aquellas que han sido víctimas de vulneración de sus derechos. En el caso recientemente referido, informamos que se brindó atención médica y psicológica inmediata en el servicio de urgencias, se realizó la respectiva notificación al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y se activaron las acciones correspondientes dentro de nuestras competencias en salud”.
La disparidad entre el testimonio de Yuli y la versión de la clínica plantea interrogantes sobre los tiempos y el alcance real de la atención recibida.
El laberinto judicial: de feminicidio a lesiones personales
Más allá de la atención médica, el proceso judicial también se ha convertido en una batalla cuesta arriba para la víctima.
Tras acudir a la Fiscalía, Yuli denunció a su expareja por tentativa de feminicidio, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. Sin embargo, se encontró con una respuesta desalentadora: la fiscal Zulma Elvira Moreno encargada, según ella, no quiso aceptar la tipificación de feminicidio.
“Me dijo: usted no puede saber lo que había en la mente de él. Yo le insistí que él me echó la camioneta encima con toda la intención. Pero lo cambiaron a lesiones personales. Eso me dolió más que las heridas. ¿Cómo no se entiende que un hombre que arrolla a su pareja en plena calle está intentando matarla?”, cuenta Yuli con frustración.
Incluso asegura que la Fiscalía le propuso conciliar con Aldemar Manrique, lo que considera una revictimización. “Me llamaron a preguntar si quería conciliar con él, porque su abogado lo había pedido. ¿Cómo concilia uno con quien intentó matarla? Es absurdo”, cuestiona.
El proceso, hasta la fecha, sigue en etapa de valoración. Medicina Legal ya practicó una segunda revisión de sus heridas y secuelas psicológicas, cuyo dictamen final será clave para la reclasificación del delito.
Las secuelas: dolor físico y miedo persistente
Las cicatrices de Yuli no son solo visibles en su piel. Aún enfrenta dificultades para caminar, no puede volver a conducir su moto y depende de transporte público o de terceros para movilizarse. Además, requiere tratamientos dermatológicos y limpiezas constantes en sus heridas, lo que ha generado gastos elevados.
Pero el impacto psicológico es aún más fuerte. “Yo escucho una camioneta negra frenar y siento que se me sale el corazón. No es amor, es miedo. Me da pánico verlo, pienso que me va a hacer daño. No puedo salir tranquila, ni compartir con amigos. Vivo con temor”, confiesa.
Su hija de seis años también ha sufrido las consecuencias. “Ella me dice que quisiera dormir conmigo y consentirme, pero no sabe ni dónde tocarme por las heridas. Le pido perdón por haberla expuesto a este dolor. No quiero imaginar qué habría sido de ella si yo hubiera muerto ese día”.
Una red de apoyo y un mensaje a otras mujeres
En medio del proceso, Yuli destaca la importancia de la red familiar que la ha sostenido. “Mis papás, mis hermanos, mi hija… Ellos han sido mi fuerza para seguir denunciando. Sin ellos no sé qué hubiera hecho”.
Con esa fortaleza, ha decidido visibilizar su caso para animar a otras mujeres a no guardar silencio. “Sé que muchas viven lo mismo y no denuncian por miedo, por desgaste, por sentirse solas. Yo también me he sentido revictimizada, incluso por el abogado de mi expareja que en audiencia dijo que mis heridas eran mentira. Pero yo hoy alzo la voz, no solo por mí, sino por todas. Porque si callamos, ellos siguen impunes”.
Las deudas institucionales
El caso de Yuli refleja varios puntos críticos en la atención a víctimas de violencia de género en Colombia:
- La atención médica inicial: registrar un ataque de pareja como “accidente de tránsito” invisibiliza la violencia y retrasa la activación de rutas de protección.
- La revictimización judicial: tipificar como lesiones un hecho que, a ojos de la víctima y de testigos, fue un intento de feminicidio, minimiza la gravedad y envía un mensaje de impunidad.
- El laberinto burocrático: Yuli fue enviada de una sede de la Fiscalía a otra, perdiendo tiempo valioso mientras su agresor seguía libre.
- La falta de articulación: aunque existen mecanismos como el “articulador municipal”, muchas víctimas desconocen cómo acceder o deben esperar largos plazos para medidas efectivas.
Un llamado urgente
Hoy, Yuli espera el dictamen final de Medicina Legal para que el proceso pueda avanzar. Pero más allá de su caso, el mensaje es contundente: “Yo quiero que él pague por lo que hizo. No solo conmigo, sino con todas las mujeres que ha agredido antes y que no lo denunciaron. Porque no soy la primera, pero quiero ser la última”.
Su historia desnuda las grietas de un sistema que, aunque diseñado para proteger, muchas veces termina generando más dolor a las víctimas. La atención tardía, la minimización judicial y la presión para conciliar son recordatorios de que la lucha contra la violencia de género en Colombia requiere más que protocolos: necesita voluntad, celeridad y empatía.
Mientras tanto, Neiva y el Huila se suman a la lista de regiones donde las voces de las mujeres siguen reclamando algo tan elemental como el derecho a vivir sin miedo.
Puede leer: Los daños de un desbordamiento que nadie reparó
