Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas en las Bahamas se convirtió en una pesadilla para Sonny Lasquite, un inmigrante filipino que ha residido en Estados Unidos desde 2002 y que cuenta con la residencia permanente. Al regresar el pasado 28 de julio al aeropuerto internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, fue arrestado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debido a una alerta generada por una condena ocurrida hace más de una década.
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Antigua sentencia
En 2012, Lasquite fue sentenciado por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York por posesión y distribución de medicamentos controlados, entre ellos alprazolam, zolpidem y diazepam. En ese entonces, colaboró con las autoridades para desmantelar una red de narcóticos, lo que le permitió recibir una sentencia mínima: tiempo cumplido y una multa de apenas 200 dólares. Desde entonces, no había tenido incidentes legales y se le describe como un miembro activo de su comunidad.
Sin embargo, la legislación estadounidense establece que ciertos delitos relacionados con drogas son causales de procesos de deportación, incluso cuando la persona cuenta con residencia permanente y ha cumplido con las sanciones impuestas. Esto significa que, pese al tiempo transcurrido y su buena conducta posterior, Lasquite enfrenta hoy el riesgo de ser enviado de regreso a Filipinas.
La abogada de inmigración Rosanna Berardi explicó a Newsweek que “este tipo de situaciones no son nuevas, llevan décadas ocurriendo. Solo la ciudadanía otorga una protección completa frente a procesos de expulsión. El tiempo transcurrido o la buena conducta posterior no eliminan el riesgo de deportación”.
Su familia denuncia
Actualmente, Lasquite se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención Stewart, en Georgia. Su familia denuncia que su salud se ha deteriorado debido a retrasos en la entrega de medicamentos para la presión arterial y a la falta de atención médica tras presentar fiebre. El caso también ha afectado a su madre, una mujer de avanzada edad cuya salud se ha visto comprometida desde el arresto de su hijo.
Amigos y familiares han iniciado una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar 30.000 dólares para cubrir los gastos legales de su defensa. La iniciativa es liderada por su amiga Vivian Hirano, quien lo describió como “un hijo y amigo generoso que dedicó su vida a trabajar duro y cuidar de su madre”.
El futuro de Sonny Lasquite dependerá ahora de un proceso migratorio que podría determinar si, tras más de dos décadas construyendo su vida en Estados Unidos, podrá quedarse en el país o será deportado a Filipinas.
