Un informe conjunto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) advierte que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), impulsadas por el Gobierno nacional, representan una amenaza directa a la autonomía territorial, la seguridad jurídica y el desarrollo económico regional.
De acuerdo con el estudio, actualmente el 82,7 % del territorio nacional se encuentra cubierto por restricciones e instrumentos definidos desde el nivel central, lo que limita severamente la capacidad de gestión de alcaldías y gobernaciones.
“El Gobierno nacional está instrumentalizando el discurso de la protección de la tierra para imponer un modelo centralista que desconoce la autonomía territorial, las autoridades locales y las comunidades, y que amenaza los derechos de propiedad privada y la libertad de empresa consagrados en la Constitución”, advirtió Carlos Augusto Chacón, director del ICP.
El informe señala que estas figuras se superponen a zonas que aportan significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y al valor agregado del sector primario. Al restringir actividades como la minería, la industria y el comercio, se estaría afectando el empleo y los ingresos fiscales de departamentos claves como Córdoba, Antioquia, Tolima y Cundinamarca, entre otros.
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Asimismo, el documento llama la atención sobre la falta de participación de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio.
“Las nuevas APPA y ZPPA se están declarando por resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar competencias territoriales. Eso erosiona la seguridad jurídica y subordina los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, señaló María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región.
Por su parte, Andrés Caro Borrero, representante legal de FEDe Colombia, anunció que la entidad ha asumido la defensa jurídica de los principios de legalidad y descentralización, mediante acciones estratégicas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con el fin de garantizar el respeto a la Carta Magna.
Las tres organizaciones hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que garantice la supremacía de la Constitución y la reserva de ley orgánica. También instaron al Gobierno nacional a reorientar las medidas de protección del suelo hacia procesos con participación ciudadana incidente y sustento técnico verificable, y exhortaron al Congreso de la República a tramitar un marco legal integral que armonice la protección ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo, sin menoscabar las competencias municipales.
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