Invitaron a la Alcaldía de Neiva y Gobernación del Huila, para que destinen un recurso para las personas que llegan víctimas de desplazamiento forzado a la ciudad, y de esta manera cuenten con un operador. Además, que se tenga en cuenta el auxilio funerario y las ayudas de inmediatez para este grupo poblacional.
Y 63.500 personas, quienes han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, se han establecido en Neiva, incluso luego de ampliar el plazo para declarar, personas que no habían mencionado que eran afectados por la violencia, lo están haciendo.
Siendo los municipios de, Neiva, Tello, Baraya, Íquira, La Plata, Gigante y Garzón, quienes más arrojan desplazados, el 55% de esta población son del Huila.
Planes para las víctimas
Ya finalizando este año, dialogamos con Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas en relación a los planes desarrollados en esta vigencia, quien manifestó: “con el Gobierno Departamental se ha venido trabajando articuladamente con algunas secretarías. El mandatario, Rodrigo Villalba y el secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas, han realizado acciones específicas, vinculadas con la prevención del reclutamiento forzado, inseguridad que se vive en la región, convocatorias productivas, entre otras acciones”.
Asimismo, la líder indicó que le preocupa el fenómeno de desplazamiento forzado que se sigue presentando en el Huila. La capital opita, es el municipio del sur de Colombia, que más recepciona víctimas del conflicto armado.
Siendo el desplazamiento, homicidio, amenazas y desaparición forzada, los hechos victimizantes por los que más personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas.
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Hay desconexión
Sin embargo, no todo es color de ‘rosa’, según la coordinadora, “no hemos podido articularnos con la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social, ellos hacen convocatorias, pero no vinculan a los delegados de los enfoques diferenciales, y no como informó está dependencia en la pasada rendición de cuentas. De igual manera, también tuvimos unos compromisos con el Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila (Inderhuila), por ejemplo en el año 2023, no logramos articular el encuentro para las víctimas que había sido aprobado desde el Comité de Justicia Transicional que tenía el objetivo de realizar un evento deportivo y recreativo, así se encuentra establecido en la resolución 01668 del 30 de diciembre de 2020 y la Ley 1448 de 2011. En esta vigencia, tampoco se realizó la jornada”.
En este orden de ideas, los 26 integrantes de la Mesa de Víctimas, le han manifestado a la líder, que les van a terminar vulnerando su derecho a la participación.
La promesa
Ahora, Edna Pinto, agregó que conversó con Felipe Victoria, director del Inderhuila, quien le manifestó que, en el primer semestre de 2025, realizarían el evento que no se realizó en este año.
“Sabemos de la disposición del gobernador, Rodrigo Villalba, sin embargo, es importante que se conozca de las acciones que no se están cumpliendo, como lo dijeron en la rendición de cuentas estas dos dependencias”, dijo la vocera.
Y al preguntarle a la coordinadora, desde su percepción que estaría pasando con las dos entidades, señaló. “Yo creo que es por desconocimiento de la Ley 1448, del protocolo, no saben la manera en que veníamos trabajando desde las Mesas Municipales y la Departamental, porque no es llegar a imponer, nunca lo hemos hecho. Solo pedimos que se cumpla la ley existente”.
La representante de las víctimas, agregó que ha ido en varias oportunidades a las oficinas del Inderhuila, y no la atienden, ni contestan las llamadas.
Exigen sus derechos
“Hay funcionarios que lo miran a uno mal, simplemente por exigir los derechos de la población víctima del conflicto armado. Y a pesar de que seguí tratando de dialogar con algunos operarios, para ver si podían hablar con ella (Madeleine Pantoja), sin embargo, siguieron realizando eventos sin contar con nosotros, incluso en la pasada rendición de cuentas, dieron a conocer todas las actividades realizadas en el año, pero no han articulado con los enfoques. Por ejemplo, con el líder de la comunidad LGBTIQ+, la han citado”, reveló la coordinadora.
Y al preguntarle a la vocera, sí ha tenido la oportunidad de dialogar con la secretaria de la Mujer, esto nos dijo: “he hablado con ella en el marco de los plenarios y siempre nos dice que van a articular, pero no se avanza en ello”.
En este sentido, Edna Pinto, agregó, “existen acciones, rutas y programas, y ahí es importante realizar un Comité de Seguimiento para que se cumpla la política pública de las víctimas”.
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Violencia y desplazamiento
Por otra parte, la líder, indicó que le preocupa los desplazamientos forzados, y espera que la Gobernación del Huila, y Alcaldía de Neiva, destinen recursos para atender a las víctimas del conflicto armado.
“Recuerden que, si no hay un operador, no se va a poder avanzar. Nosotros no podemos decirle a una víctima que llegó de un municipio desplazada, espere que no contamos con operador y solicitamos que se tenga en cuenta el auxilio funerario, y las ayudas de inmediatez”, puntualizó la vocera.
Ya en lo relacionado al Departamento que aporta el 55% de la población víctima de desplazamiento, el municipio que más engrosa esta cifra es Neiva, con 22 casos. Solo hablando de la capital opita, gran porcentaje de los casos vienen del corregimiento de Vegalarga, centro poblado de San Antonio, asimismo de San Luis y Chapinero.
Estas familias llegan al CRAV, realizan la respectiva declaración e inician la ruta para que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.
De estos casos, el 49% de los perjudicados son parejas y un 43% son grupos familiares de tres o cuatro personas. Regularmente estos desplazados llegan a Neiva, a los asentamientos ubicados en el oriente de la ciudad.
Agudización del conflicto
Y en relación al desplazamiento forzado interno, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), reveló en su último informe, que entre enero y mayo de 2024, en Colombia se reportaron más de 80.100 víctimas debido a desplazamientos masivos y confinamientos en 120 eventos, ocurridos en 32 municipios de 11 departamentos. Estas situaciones afectaron a comunidades en el Pacífico y el noroccidente del país. Los enfrentamientos entre grupos armados no estatales son la principal causa de estas emergencias.
En este sentido, los combates y acciones de control social de los grupos armados desplazaron y confinaron a más de 5.700 personas en 25 comunidades, la mayoría indígenas y afrodescendientes. Estos eventos han afectado severamente la salud mental de la población y su acceso a servicios esenciales, exacerbando los riesgos de protección y la vulnerabilidad de las comunidades.
La entidad, reveló que, en los primeros cinco meses del año, las acciones armadas han evidenciado un aumento del 12% y los ataques contra civiles una disminución leve (-4%). Las víctimas de minas antipersonales y los homicidios de líderes y defensores de DDHH se mantienen con un comportamiento similar al del año anterior. Al rededor de 121.000 personas fueron desplazadas, lo que representa un aumento del 30% con respecto al año anterior.
