AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Con ocasión de nuestros comentarios anteriores sobre la llamada Independencia Judicial, algunos comentaristas me han llamado la atención, para que no pasemos por alto, un tema que en ciertas ocasiones ha sido de pública controversia, como lo es el clientelismo judicial y la forma como familiares, amigos personales y los mismos exmagistrados, una vez en sus cargos y después de ellos, se convierten en asesores independientes con jugosos honorarios de las mismas entidades del Estado en un círculo que se repite sin cesar y que hace parte de esa forma de alcanzar prebendas y reconocimientos o como dicen algunos, alcanzar “el pago de favores” del ejercicio de sus cargos.
No conozco personalmente de dichos casos, pero en el caso de las brujas, que las hay, las hay. Por eso dejo abierto este conversatorio con los lectores, para que repasemos nuestra historia republicana y la forma como en determinado momento, bajo el argumento de una supuesta independencia judicial, se hacen reconocimientos y toda clase de agradecimientos por parte de personalidades y con aquellas otras que han pasado por el poder o han ejercido el gobierno en su momento histórico.
En algunos comentarios de tratadistas y académicos nacionales y extranjeros sobre la supuesta independencia judicial, es interesante encontrar cómo se advierte que las instituciones encargadas de administrar justicia en Latinoamérica especialmente han alcanzado etapas propias de actuaciones retardatarias o de archivo injustificado de denuncias o querellas judiciales que se hayan entablado contra los gobernantes de turno, y que solamente con el paso del tiempo y el cambio de gobiernos, opera una especie de resurgimiento de aquellos procesos que no se habían archivado, para dar un aíre y una sensación de que se hará justicia, sin que al fin de cuentas, tales aspiraciones populares o denuncias ciertas y válidas, alcancen su objetivo final, y de esta manera se preserva una “supuesta legalidad judicial” de las formas de gobierno antecedentes.
Pero también es cierto, que los entes de control, han terminado por ser complacientes y muchas veces, corren presurosos a cerrar esas investigaciones, generando con ello, el derecho de los ciudadanos a no confiar en tales instituciones y a vivir aquellas del desprestigio que siempre las ha enlodado, sin que haya imparcialidad y realmente se den pautas para luchar contra la corrupción y todas las formas enquistadas conocidas de lo que ha debido ser muestra de la transparencia en el manejo de la cosa pública.
Para algunos, como ha sucedido en el actual periodo de gobierno, esa manida retahíla de independencia judicial, no ha sido más que la careta para encubrir un reproche al primer mandatario por su visión de las cosas y de los postulados de cambio que se ha propuesto sacar adelante, y de esta manera, al hacerlo, se genera toda una alharaca con el sinsabor de poderes que realmente no se corresponde con el objetivo o la razón de ser de la institución que se representa por cada uno de ellos, y es mucho el daño que se genera, cuando por un lado, están de por medio las garantías y los derechos ciudadanos.
Que el clientelismo judicial se esconde desde las Altas Cortes hasta en la provincia más alejada de nuestra república del Sagrado Corazón, es una verdad que duele, pero que lesiona y molesta precisamente a quienes en los espacios públicos hablan de libertad de conciencia moral en un país que perdió el rumbo y se ha venido a congraciar con todas las formas de ingobernabilidad que puedan afectar a los gobernantes de turno. Esperamos algún día, que el rasero con el que se mide la gestión y se analizan los procesos políticos, tengan el mismo criterio jurídico sin sesgo político o politiquero, como el que siempre ha predominado en las instituciones de las que ahora nos ocupamos.
