AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Se ha iniciado un nuevo ciclo dentro de las actividades propias del ser humano con éste año 2025, cuando el país sigue avanzando en medio de una serie de circunstancias que generan mucha incertidumbres sobre el destino que nos espera, cuando la polarización y las fuerzas políticas entran en un proceso de agitada convulsión para enfrentarse a las elecciones del próximo año, cuando han de elegirse tanto a los miembros del Congreso, como al que ha de ejercer como Presidente de los colombianos por un nuevo periodo constitucional.
Y el país en un proceso de inestabilidad social y económica que ha de verse reflejada con ocasión de la forma como se ha centralizado una disputa por reconocer los procesos de transformación de instituciones en lo que se ha denominado “el cambio”, frente a la teoría de que, si bien es cierto, muchas de las reformas propuestas son convenientes para el país, no es en este gobierno cuando han de aprobarse, por lo que ello representaría en el futuro político del actual mandatario.
Es incierto el papel que ha de jugar el Congreso de la República, al igual que la respuesta que haya de despertar en los ciudadanos la Administración de Justicia, con ocasión de todo el desbarajuste de corrupción que desde la unidad de riesgos se anunció con bombos y platillos y que ha salpicado tanto a los presidentes del Senado como de la Cámara del periodo 2023-2024, conjuntamente con quien fungió como Ministro de Hacienda y los políticos y funcionarios que se encontraban hoy en día en procesos de investigación penal por las Altas Cortes y la Fiscalía General de la Nación, y el papel que ha de jugar la Procuraduría General de la Nación en el esclarecimiento de estos hechos.
El reto en consecuencia es complejo. La realidad no nos ofrece un panorama claro y evidente de que todo ha de mejorar para el bien de los colombianos. El aumento del salario mínimo, se ha convertido en una piedra angular para pregonar y anticipar un mal augurio de las relaciones obrero patronales y por consiguiente que tal situación ha de empeorar el proceso económico del país, y sin embargo las cifras que nos ofrece el DANE y las entidades nacionales e internacionales sobre el crecimiento económico, la inflación o la pérdida adquisitiva del dinero, entran con cifras que parecieran alentadoras pero que se prestan a muchas suspicacias y falencias que se utilizan para demeritar el proceso político institucional.
Y si a lo anterior ha de sumársele el papel que ha de jugar la Corte Constitucional en la revisión de las normas aprobadas por el Congreso de la República sobre el régimen pensional, la situación ha de tornarse más precaria y más difícil, habida consideración de las miles de demandas que se instauraron ante dicha corporación contra su normatividad, al igual que las formas como se vienen anticipando acciones constitucionales contra todos los procesos legislativos en los que el Gobierno del Presidente Petro, ha tenido la iniciativa.
Mientras todo esto se presenta en forma que nos invita a la reflexión y al análisis ponderado de la situación, hay quienes en forma pública quieren descargar todas sus energías negativas contra la actual administración acusándola de ser la única responsable del proceso histórico que se vive en todos los ambientes institucionales, sin tener en cuenta que este proceso es parte de un esquema en el que con el paso del tiempo, va dejando marcadas los equívocos de los gobiernos anteriores y va cobrando caro el proceso de reorganización que tiene que darse para bien de nuestra propia sociedad.
Es triste saber que frente al panorama y la conjetura del regreso de la derecha o de la ultraderecha a regir los destinos del país, la posibilidad de un acuerdo político hacia el rescate tanto de las instituciones como de la paz y de todos los efectos que han de sumarse al mismo, nos distancian y nos alejan cada día más y más, cuando perdemos la esperanza de una solución pacífica frente a la hecatombe que se nos vino encima.
