El inicio del año 2025 trae consigo una nueva incertidumbre económica para Colombia. Al igual que en 2024, el Presupuesto General de la Nación llega desfinanciado, lo que genera un panorama preocupante para la estabilidad fiscal del país. En este contexto, el gobierno se enfrenta a la necesidad de implementar un ajuste significativo en los gastos, cuyas dimensiones aún están por determinarse.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Las finanzas públicas se han convertido en uno de los mayores talones de Aquiles para la economía colombiana. La falta de concordancia entre los ingresos y los egresos del Estado no solo genera una creciente preocupación interna, sino que también contribuye a la incertidumbre que afecta a consumidores, empresarios e inversionistas. Las expectativas de confianza se desploman, y el futuro fiscal del país parece más incierto que nunca.
Lo más destacado de este año es que, por primera vez en la historia moderna del país, el presupuesto no fue aprobado por el Congreso, sino por un decreto del Ejecutivo. Este mecanismo, aunque constitucional, presenta dificultades adicionales al limitar el margen de maniobra del gobierno para realizar ajustes en los gastos, ya que, bajo esta modalidad, el presupuesto se debe adoptar tal como fue radicado originalmente en el Congreso. El decreto establece un gasto de 523 billones de pesos, una cifra que parece inalcanzable en términos de ingresos, ya que la ley de financiamiento que iba a cubrir parte de este monto no fue aprobada. Este déficit de recursos deja al gobierno con pocas opciones más que recurrir a nuevos recortes, con el fin de cumplir con los compromisos fiscales y evitar una mayor crisis financiera.
De acuerdo con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, las estimaciones apuntan a que el gasto del gobierno central debería reducirse en 35,4 billones de pesos (aproximadamente un 2 por ciento del PIB) para cumplir con el déficit fiscal permitido de 4,9 por ciento del PIB. De lo contrario, el déficit podría ascender a un preocupante 6,8 por ciento del PIB, lo que desbordaría la regla fiscal y pondría en riesgo la estabilidad económica del país. Esta situación refleja un panorama de creciente desajuste que amenaza con intensificarse en los próximos meses.
El economista Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, también señala que el presupuesto para 2025 fue inicialmente inflado, y ahora el gobierno tendrá que enfrentar la realidad. No solo debe cumplir con la regla fiscal, sino también evitar que la situación termine por afectar la calificación crediticia del país. Un recorte en esta calificación, advierte Ballén, aumentaría la prima de riesgo país, lo que elevaría los costos de endeudamiento y podría impactar negativamente el precio del dólar. La presión sobre las finanzas del país es evidente, y la incertidumbre fiscal se profundiza.
Desde el Banco de Bogotá, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas, también coincide en que el presupuesto de 2025 enfrentará los mismos problemas que el de 2024, aunque con mayores dificultades. Según Pérez, las proyecciones de ingresos tributarios, especialmente los provenientes de la eficiencia de la Dian, fueron demasiado optimistas. En concreto, se estimaron 29 billones de pesos que, según el economista, son difíciles de alcanzar. Si los ingresos no se cumplen, la única opción será recortar aún más los gastos, lo que agrava el panorama fiscal.
La preocupación más latente de los economistas es que el gobierno ha vuelto a basar sus cuentas en ingresos inciertos. En 2024, se contaba con una estimación de 10 billones de pesos que dependían de un proyecto de ley para facilitar los pleitos tributarios, pero este nunca fue aprobado. Este año, la expectativa de recaudación por eficiencia de la Dian también parece demasiado optimista, lo que deja a la economía nacional en una posición vulnerable.
Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, subraya que el recaudo de la Dian debe ser monitoreado de cerca durante todo el año, ya que cualquier desfase podría determinar la magnitud de los recortes necesarios. Esta incertidumbre sobre los ingresos hace que el futuro fiscal de Colombia sea incierto y pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas.
Los analistas prevén que, al final del primer trimestre de 2025, el presupuesto tendrá que ser ajustado a la baja, posiblemente reduciéndose a 511 billones de pesos. Esto implicaría un plan de gastos aún más alto, que equivaldría a un 29 por ciento del PIB, lo que marcaría un máximo histórico en términos de gasto público. La situación financiera de Colombia sigue siendo crítica, y el ajuste fiscal será inevitable para poder cumplir con las reglas fiscales y evitar un desbordamiento del déficit.
