Por Carlos Yepes A.
La estabilidad económica de Colombia enfrenta un panorama de creciente incertidumbre, generado tanto por la inconsistencia en la aplicación de la regla fiscal como por los preocupantes indicadores macroeconómicos que el país arrastra desde 2024. Esta combinación de factores no solo afecta la confianza inversionista a nivel nacional e internacional, sino que también golpea duramente a las regiones como el Huila, donde la falta de autonomía financiera impide avanzar en proyectos estratégicos sin la cofinanciación del Gobierno Nacional.
El Gobierno ha insistido en que cumplió con la regla fiscal gracias a mecanismos contables como las Transacciones de Única Vez (TUV), pero organismos como Fedesarrollo han advertido que esto es una estrategia para maquillar la realidad y evitar un incumplimiento formal. Mientras tanto, el déficit fiscal alcanzó el 6,8% del PIB en 2024, el tercero más alto en los últimos 120 años, y la deuda pública ya equivale al 60% del PIB.
Estas cifras mandan una señal negativa a inversionistas, empresarios y calificadoras internacionales: Colombia está comprometiendo su sostenibilidad financiera y, con ello, su capacidad de responder a futuras crisis sin ajustes drásticos.
La consecuencia inmediata de esta incertidumbre es la caída de la inversión extranjera, que según el Banco de la República se redujo un 37% en 2024, afectando sectores clave como petróleo y minería. A esto se suma la desvalorización de los títulos de deuda pública (TES) y la depreciación del peso en un 15,4% durante el último año, lo que evidencia una creciente desconfianza en la estabilidad económica del país.
Los inversionistas buscan entornos seguros y previsibles. Sin embargo, la falta de una política económica clara, sumada a la volatilidad fiscal y cambiaria, genera un clima adverso que desalienta la llegada de capitales.
La incertidumbre económica no solo afecta a los mercados y a los grandes inversionistas, sino que también impacta directamente a regiones como el Huila. Aquí, donde el músculo financiero es limitado, dependemos en gran medida de la cofinanciación de la Nación para la ejecución de obras de infraestructura, proyectos de agua potable, mejoramiento vial y fortalecimiento del sector agropecuario.
Pero con un Gobierno central en dificultades fiscales y sin un panorama claro para la inversión, la capacidad de ejecución de estos proyectos se ve seriamente comprometida. Las demoras en la asignación de recursos, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los presupuestos y la falta de claridad en la política económica nacional generan un ambiente de parálisis que afecta la competitividad de nuestro departamento.
El desarrollo regional no puede quedar atrapado en la inestabilidad macroeconómica del país. Necesitamos certezas, reglas claras y una política fiscal responsable que garantice el flujo de recursos hacia los territorios.
Desde el Huila, insistimos en la urgencia de asegurar la financiación de proyectos estratégicos y evitar que la incertidumbre económica se traduzca en más atraso para la región. Si Colombia quiere estabilidad, debe empezar por ordenar sus cuentas y dar señales claras a los inversionistas. Solo así lograremos garantizar el desarrollo que las regiones necesitan.
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