Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
Uno de los errores cometidos por el gobierno nacional, es la prohibición tajante de explorar y explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos en el país, con el sofisma de distracción que Colombia debe contribuir con las políticas ambientales para contrarrestar el impacto negativo del cambio climático. Aunque es loable la iniciativa del presidente Gustavo Petro Urrego de implementar esta política pública, mientras en los escenarios internacionales donde ha participado el ejecutivo, no ha sido bien recibida esta iniciativa, hasta el momento han sido nefastos sus resultados para la economía nacional. De las 41 empresas extranjeras que han venido desarrollando dichas actividades en el suelo colombiano, 31 han salido y cancelado toda actividad minero-energética, lo cual le está pasando factura negativa a la sociedad en general y al fisco nacional, porque Ecopetrol no puede atender la creciente demanda de gas en Colombia. Se ha visto en la necesidad de acudir a los mercados internacionales, con sus efectos más costosos por el pago de importaciones en dólares y euros. Estos incrementos han sido trasladados a los consumidores, que son los hogares colombianos, transporte público, térmicas y empresas que utilizan este combustible para sus operaciones industriales. Craso error.
Igualmente, el abultado déficit fiscal que presentan las finanzas públicas nacionales, están generando una Colombia, en riesgo de pagar más por gas: Caribe sería la región más golpeada ante el fin de contratos y de la necesidad de importación, advierten expertos. También expresan que el alza se trasladará también a la energía eléctrica y que el país retrocede al uso de carbón en plena transición energética. Así como están las cosas, puedo inferir que el aumento del precio de este combustible empezará a notarse nuevamente a finales del presente año, lo cual enciende las alarmas para los bolsillos de las familias colombianas, que dependen de este recurso para cocinar y abastecer a sus hogares.
Esta afectación económica para los exiguos ingresos en los hogares, la importación de gas obligará a las empresas distribuidoras de este combustible a incrementar hasta un 400% el valor que actualmente pagamos en los recibos mensuales que recibimos, constituyéndose en un duro golpe para las finanzas familiares. Las comunidades vulnerables, que ya destinan gran parte de sus ingresos al pago de servicios públicos, serán las más castigadas, sobre todo en la Costa Atlántica. De acuerdo con el exministro de Minas y Energía Amílkar Acosta, ha sido enfático en señalar que el problema no solo encarecerá la factura de gas en los hogares, sino también el recibo de la energía eléctrica. Esto se debe a que una parte considerable de la generación térmica del país depende del gas como combustible.
Los efectos no solo son para estos actores económicos. También golpea duramente al sector industrial, que ha comenzado a buscar alternativas ante los altos precios. Algunas compañías ya han retomado el uso del carbón, siendo un retroceso que contradice los compromisos adquiridos en el marco de la transición energética, por parte del ejecutivo nacional.
puede Ante ese escenario, Colombia se verá obligada a recurrir a la importación, con precios internacionales hasta cuatro veces superiores al valor local, lo que se traduce en un duro golpe para los usuarios.
