Las permanentes escándalos de corrupción que se están presentando en las altas esferas del Estado, las rivalidades personales entre los integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro Urrego, que se vieron reflejadas en el pasado Consejo de Ministros que fue televisado, donde la opinión pública pudo observar de primera plano la forma irreverente y descortés como se trataron estos funcionarios que tienen la responsabilidad de sacar adelante la formulación y ejecución de las políticas públicas que se encuentran condensadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente la profunda crisis social y económica en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, no encuentra respuesta a sus clamores para sacar adelante sus aspiraciones que conduzcan a contrarrestar estos flagelos que padecen. Y como si fuera poco, las declaraciones que han estado planteando algunos servidores publicados que están siendo relevados, están generando un ambiente negativo y contradictorio sobre el accionar gubernamental. La realidad que estamos viviendo es otra.
Afirmar el saliente ministro de Defensa que la situación de orden público está mejorando y que solo ocurren eventos de violencia en algunas pequeñas regiones del país, es algo ajeno a la realidad que viven los 803 municipios que las organizaciones criminales las tienen sumidas bajo su control. No es justo que el ejecutivo niegue tales eventos de violencia, que se están presentando en el país. Son impresionantes las imágenes que se difunden a través de los medios de comunicación y redes sociales sobre los actos de violencia terrorista que están afectando amplias zonas del país. Igualmente, el avance del desplazamiento forzado en el Catatumbo, Chocó, Cauca, Antioquia y otras regiones del país, son hechos fehacientes que contradicen lo expresado por las instancias nacionales.
Paralelo a lo anterior, las dificultades financieras que están permeando negativamente la ejecución de la inversión pública, lo cual está provocando que se sigan incrementando las protestas sociales, para que les cumplan lo prometido durante la campaña presidencial y que actualmente no se vislumbra en el corto plazo, el cumplimiento y realización de tales programas. Consideramos que el presidente Petro, debe redireccionar su accionar en los meses que le resta de su periodo constitucional. No se puede desconocer el clamor gremial que solicita de manera unánime, una mayor seguridad para las regiones. No podemos dejar que la criminalidad se convierta en un paisaje y que continue su avance por todo el territorio nacional. Igualmente se deben eliminar totalmente los sesgos ideológicos y ofensas a sus contradictores. Esas actitudes son hostiles. Esto genera más polarización de la que existe en Colombia. La majestad de la presidencia no se puede dejar derrumbar. La Casa de Nariño, no puede convertirse en un centro de detención domiciliaria. Es una ofensa para la justicia y la sociedad en general. Al país no se le puede entregar a los violentos.
