Mientras el primer mandatario de los colombianos sigue preparando sus próximos viajes al exterior con un amplio séquito que lo acompañará, cuyos gastos seguirán siendo sufragados por el Presupuesto General de la Nación, el aumento de los ataques terroristas sigue aumentando en algunas regiones del país. Es lamentable que los organismos de seguridad hayan sido debilitados progresivamente durante los últimos tres años, perdiendo la capacidad de respuesta contra estos actores que los siguen desbordando en logística y armamento militar, sin que se vislumbre un fortalecimiento del aparato militar del Estado. A la fecha, no se han generado beneficios de este turismo presidencial. Las violencias que asuelan al país tienen, por desgracia, nuevos y mayores alcances por los drones, esa moderna tecnología cuyo uso ilegal se ha convertido en uno de los retos prioritarios para las autoridades. Del empleo esporádico de esas máquinas por los grupos delincuenciales se ha pasado ya a una realidad muy preocupante en la que estos dispositivos bélicos son hoy una potencial amenaza para la vida de uniformados y civiles, especialmente en los territorios de mayor prevalencia de los violentos. De acuerdo con fuentes oficiales, en lo que va del año se han registrado al menos 162 ataques terroristas con drones cargados de explosivos.Y para el Ejercito Nacional y la Fuerza Pública, no hay plata para adquirirlos. Para otros fines lucrativos y para el desbordado gasto burocrático del Estado, si hay recursos. Es una discriminación en la distribución del gasto público.
La población civil, se encuentra inerme ante el avance criminal de estas organizaciones, que la mantienen azotada y amenazadas sin que se vislumbre en el corto plazo, una solución estructural para contrarrestar este flagelo que corroe la estabilidad de las instituciones democráticas. Las dos terceras partes de los municipios del país, están bajo la voluntad criminal. Por este motivo, durante los últimos tres años, ha salido del país, 1,5 millones de colombianos. Actualmente 80 mil personas naturales renunciaron a la nacionalidad colombiana, para cambiar su residencia fiscal, lo cual ha afectado la estructura de ingresos tributarios, así no lo quieran aceptar los áulicos del gobierno nacional. Por este motivo, el equipo económico del alto gobierno, están buscando desesperadamente la forma de obtener recursos a través de reformas tributarias y Decretazos para buscar nivelar sus apetitos burocráticos y electorales.
La peor parte la están llevando los integrantes de la Fuerza pública y los soldados que están enfrentando de manera desigual a estas organizaciones narcoterroristas en algunas regiones del país. No poseen las garantías necesarias para enfrentar al terrorismo demencial. Diariamente están ofrendando sus vidas y son sometidos a las más grandes humillaciones humanitarias porque son secuestrados por las organizaciones subversivas disfrazados de campesinos. Y para colmo reciben ordenes de la Casa de Nariño, que no pueden disponer de sus armas para defenderse.
