Tras el atentado registrado el pasado sábado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en el sur de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció sobre la presunta participación de un menor de edad en los hechos. La entidad activó de inmediato su ruta de protección y expresó preocupación por el uso de niños y adolescentes en actividades delictivas, reiterando que el involucramiento de menores en escenarios de violencia representa una grave vulneración a sus derechos fundamentales.
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La directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, solicitó a las autoridades garantizar la seguridad física del adolescente, quien tendría entre 14 y 15 años, y pidió a los medios de comunicación abstenerse de divulgar imágenes o información que permita su identificación. Según explicó, el joven será vinculado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, proceso en el que contará con el acompañamiento de un defensor de familia, un psicólogo y un equipo interdisciplinario que velará por su integridad y bienestar.
Cáceres enfatizó que difundir el rostro del menor o exponerlo públicamente no solo pone en riesgo su vida, sino que también puede afectar el desarrollo del proceso judicial. Por ello, insistió en que es responsabilidad del Estado y la sociedad prevenir que niños, niñas y adolescentes sean utilizados por estructuras criminales para cometer actos violentos, y reafirmó el compromiso del ICBF en fortalecer la protección integral de la niñez frente a estas amenazas.
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Además, la directora del ICBF propuso avanzar en una reforma legislativa que aumente las penas a adultos que reclutan o instrumentalizan menores para actividades delictivas. “Los criminales que utilizan a los niños deben pagar el doble de la pena”, sostuvo Cáceres, subrayando que estos casos no pueden tratarse con ligereza y deben abordarse con enfoque diferencial, respetando los derechos constitucionales de los menores involucrados.
