ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente abogado y docente en la Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia
Tuve la oportunidad de asistir a las marchas para respaldar las reformas del cambio y percibí que existe un gran consenso popular en favor de las mismas, y sobre todo, por el descontento generado por la clase dirigente representada en el Congreso, que ni siquiera da la posibilidad de generar un debate serio al respecto. En lugar de ello, hunden la reforma con una sonrisa en el rostro, como si defraudar al pueblo que los eligió fuera su esencia.
Colombia es un país inequitativo, y es indiscutible que necesita una reforma laboral que reconozca la importante labor que realiza la fuerza productiva de los trabajadores, que es el capital más importante en el sector productivo. Por años se ha violado el principio de progresividad de los derechos, con reformas leoninas que van en detrimento de los trabajadores, bajo la supuesta excusa de que generar empleo formal es un desincentivo para la generación de empleo. Nada más falso que esto, pues el empleo de calidad garantiza una mejor productividad y, por ende, mayores condiciones para mejorarla.
Una lectura de la propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno retoma temas que han sido aplazados sin justificación alguna: la regulación de la estabilidad laboral reforzada, ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de Colombia; la regulación sobre la tercerización de los contratos, que deben ofrecer condiciones dignas a los trabajadores ajustando las empresas temporales de servicios; los límites al uso del contrato de prestación de servicios; la definición de la jornada laboral, recuperando el trabajo nocturno y los días festivos; la definición del contrato de aprendizaje con un salario mínimo; la situación de los trabajadores de plataformas digitales, que hoy no tienen regulación; el contrato agropecuario, tan importante para los trabajadores del campo; la regulación del trabajo de los migrantes; las apuestas por la equidad de género y la lucha contra la discriminación de las mujeres y la violencia de género; la formalización del trabajo doméstico; el aumento del tiempo de la licencia de maternidad y paternidad; y la jornada flexible para personas trabajadoras que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niños y niñas, entre otros temas.
Todos estos aspectos son importantes para mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos que hoy requieren de estos avances, pero que, por desgracia, los «honorables congresistas del Senado» no permitieron y no permitirán, pues responden a cualquier otro interés que no sea el representado por el pueblo.
Por suerte, a este Congreso le queda poco tiempo, y llegará la oportunidad para que el pueblo les refrende su credencial, emulando el síndrome de Estocolmo, como quien dice, enamorándose de su victimario, o para darles una estocada final y sacarlos del Congreso por traicionar los intereses del pueblo. Es hora de que el pueblo demuestre, como lo diría Jorge Eliecer Gaitán, que el pueblo es superior a sus dirigentes, y que no podemos tolerar que quienes nos representen actúen a espaldas de los intereses del grueso de la población colombiana.
