Aunque el Cauca concentra la mayoría de ataques con drones armados, en el Huila crece la preocupación por el avance silencioso de esta modalidad de violencia. Zonas como Algeciras y Tello han empezado a reportar la presencia de estos artefactos, mientras autoridades y comunidades exigen mayor atención estatal ante un riesgo que se multiplica en el sur del país.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Una nueva y peligrosa modalidad de violencia armada se afianza en Colombia: los ataques con drones cargados de explosivos. Desde abril de 2024 hasta marzo de 2025, las autoridades han registrado al menos 185 atentados perpetrados con esta tecnología en ocho departamentos del país. La amenaza, que se ha cobrado la vida de al menos dos personas y ha dejado decenas de heridos, ha encendido las alarmas en los organismos de seguridad y defensa, que ven en este fenómeno un nuevo desafío para la seguridad nacional.
El primer ataque con estas características fue reportado el 26 de abril de 2024. Desde entonces, según datos obtenidos por El Tiempo a partir de informes de agencias de inteligencia, los grupos armados ilegales, especialmente las disidencias de las FARC bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, han intensificado el uso de drones como herramientas de guerra. En total, se han documentado 185 ataques con explosivos lanzados desde el aire, los cuales han dejado 31 civiles y 19 uniformados heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad y un integrante de la fuerza pública.
Las cifras oficiales también indican que han sido necesarias 196 acciones de neutralización por parte de las fuerzas armadas —86 durante 2024 y 110 en los primeros tres meses de 2025—. Gracias a estas operaciones se habrían evitado al menos 588 víctimas, considerando que cada dron cargado de explosivos puede afectar a un promedio de tres personas en cada ataque.
El Cauca, epicentro de la amenaza
El fenómeno no se distribuye de forma homogénea. Ocho departamentos han sido los más golpeados por esta nueva estrategia de guerra: Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander. El departamento más afectado es el Cauca, con 167 de los 185 ataques registrados, la mayoría de ellos atribuidos a la estructura ‘Carlos Patiño’, una de las células más activas de las disidencias comandadas por ‘Mordisco’.
Sin embargo, el departamento del Huila también ha comenzado a registrar esta modalidad de ataque, especialmente en zonas rurales de alta conflictividad histórica, como el norte del departamento. Comunidades campesinas han denunciado la presencia de drones sobrevolando territorios cercanos a veredas en municipios como Algeciras y Tello, donde coinciden rutas estratégicas para los grupos armados ilegales.
Aunque el número de atentados en Huila aún es reducido en comparación con Cauca, las autoridades han reportado un incremento de actividades sospechosas que podrían derivar en futuras acciones violentas con estos dispositivos. La presencia de estructuras armadas ligadas a las disidencias de las FARC en la zona eleva el nivel de riesgo para la población civil y las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio.
Del total de acciones violentas, 172 han sido ejecutadas por este grupo disidente, mientras que otras nueve se atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cuatro a la facción ‘Calarcá’. En conjunto, los grupos armados ilegales han lanzado 582 explosivos desde drones en el último año.
Tecnología al servicio de la guerra
Las autoridades han identificado que estos ataques son ejecutados utilizando principalmente drones de la marca DJI, de origen chino, reconocidos por su capacidad de carga y maniobrabilidad. Modelos como el Matriz 300 y 350 pueden transportar hasta 2 kilogramos de explosivos, mientras que el Mavic 3 puede cargar hasta 300 gramos. Más preocupante aún es el uso creciente de drones modificados artesanalmente, lo que demuestra un alto nivel de adaptación tecnológica por parte de estos grupos armados.
En el Huila
En el Huila, algunas operaciones de inteligencia han detectado talleres improvisados donde los insurgentes adaptan drones comerciales con mecanismos de liberación de carga y sistemas de dirección GPS, permitiendo una mayor precisión en los ataques. Esta innovación técnica representa un reto urgente para las autoridades locales, que deben enfrentar amenazas que escapan a los métodos convencionales de seguridad.
Los explosivos lanzados desde el aire han sido empleados tanto para atacar instalaciones militares y policiales como para generar terror en comunidades rurales. Las explosiones, dirigidas con precisión, han causado daños materiales considerables y han sembrado el miedo en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
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El Ejército pide refuerzos tecnológicos
En un reciente debate de control político en el Congreso, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, expresó su preocupación ante esta nueva forma de violencia que calificó como “una amenaza multidominio que llegó para quedarse”.
“Ninguna institución está exenta de este tipo de ataque, que se transforma constantemente gracias a la innovación tecnológica”, advirtió el general, y explicó que los drones utilizados cambian rápidamente de frecuencia, lo que dificulta su detección e intercepción por parte de los sistemas antidrones actualmente disponibles.
Cardozo Santamaría hizo un llamado urgente al Gobierno para que invierta en sistemas de defensa aérea tanto fijos como móviles que permitan proteger no solo a las bases militares y estaciones de Policía, sino también a los uniformados en los territorios.
“La amenaza evoluciona rápidamente. Cuando logramos interferir una frecuencia, los grupos cambian a otra, anulando la efectividad de nuestros equipos. Esto exige una respuesta técnica igual de avanzada y permanente”, subrayó el alto oficial.
Un nuevo reto para la seguridad del país
El uso de drones en el conflicto colombiano representa una transformación significativa en los métodos de guerra. Aunque inicialmente se utilizaban para labores de vigilancia, los grupos armados han encontrado en esta tecnología un arma eficaz, silenciosa y difícil de detectar.
El reto ahora recae en la capacidad del Estado para responder a esta amenaza emergente con tecnología, inteligencia y prevención. La seguridad de cientos de comunidades, así como de las fuerzas del orden, depende de que Colombia logre adaptarse rápidamente a esta nueva fase del conflicto armado, que se libra, cada vez más, también en el cielo.
En el Huila, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades locales han insistido en la necesidad de incluir al departamento en las estrategias nacionales de protección y prevención de esta nueva amenaza. Aunque el foco mediático ha estado en otras regiones, los riesgos en el territorio huilense no son menores, especialmente si se considera su ubicación estratégica entre zonas de alto conflicto.
La ciudadanía ha comenzado a exigir mayor presencia estatal, inversión en tecnología de defensa y programas de protección comunitaria que respondan no solo a la amenaza aérea, sino también a las múltiples formas de violencia que persisten en la región.
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