En el 2024 en el Huila se presentaron 44 atentados terroristas de los cuales 24 ocurrieron en la ciudad de Neiva y los municipios más afectados por estas acciones violentas han sido La Plata, Neiva y Gigante.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En el departamento del Huila, Colombia, se han registrado varios atentados terroristas en los últimos años, principalmente atribuidos a disidencias de las FARC. Estos actos han generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales.
En lo que va corrido de este 2025, las autoridades ya registran 11 artefactos explosivos, entre aquellos que han sido detonados y aquellos que han sido controlados y evitados su detonación por parte de la fuerza pública.
Dentro de los cuales se encuentran tres en la ciudad de Neiva, tres en el municipio Gigante, uno en la Argentina, uno en Isnos, dos en La Plata y uno en el municipio de Campoalegre que afortunadamente no detonó.
“Sin duda la oportuna reacción de la fuerza pública y las capturas que se han logrado en contra de los responsables de estos atentados terroristas ha significado una reducción importante, sin embargo, los últimos hechos generan una preocupación en especial atención por parte del gobierno departamental y en ese sentido estamos evaluando la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario precisamente para solicitar a la fuerza pública que se intensifiquen las acciones, que se fortalezca la capacidad de inteligencia y un llamado a la ciudadanía para que, por favor, todos estemos muy atentos que no escatimemos en informar a la fuerza pública de personas o acciones sospechosas que nos permitan poder evitar que nuevos atentados terroristas se presenten en contra de establecimientos de comercio, en contra de la población civil o de las instituciones en el departamento de Huila”, reveló Juan Carlos Casallas, secretario del Gobierno departamental.
Estos artefactos han sido utilizados como intimidación por el no pago de extorsiones. Las autoridades no descartan que los artefactos hayan sido utilizados como herramienta de presión e intimidación, principalmente por disidencias de las Farc. En varios de los casos investigados están dirigidos contra comerciantes, empresarios y propietarios de cooperativas o negocios locales.
“Hemos visto una remetida muy importante del Frente Hernando González Acosta, el más grave el hecho que ocurrió en el municipio de La Plata y, por supuesto, el intento por la cantidad de explosivos en el municipio de la Argentina, son actos que el gobierno departamental rechaza de manera categórica y aquí estamos solicitando la intervención del Comisionado de Paz en el abordaje que se viene haciendo con estos grupos armados ilegales, de la Defensoría del Pueblo, de la Organización de Naciones Unidas y de las demás organizaciones internacionales que hacen presencia en el territorio del departamento para que entre todos podamos coordinar una acción conjunta de rechazo en contra de estas acciones criminales por parte de los terroristas”, sostuvo Casallas.
La presencia de disidencias de las FARC en el Huila ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales. Estos grupos armados ilegales continúan llevando a cabo actividades delictivas, como extorsiones y atentados, a pesar de los esfuerzos del gobierno por garantizar la seguridad en la región. La situación requiere una atención continua y coordinada entre las autoridades nacionales y locales para restaurar la paz y la seguridad en el departamento.
“Estas situaciones terminan afectando de manera muy grave a la población civil en el departamento del Huila y asumir la responsabilidad de la fuerza pública de intensificar las acciones desde el gobierno departamental venimos trabajando en el pago de las recompensas que nos permita obtener información de manera oportuna y eficaz, especialmente para prevenir este tipo de atentados”, precisó el secretario de Gobierno del Huila.

Entre tanto, es importante decir que las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía han permitido establecer que detrás de varios de estos atentados se encuentran estructuras residuales de grupos armados que buscan financiar sus actividades mediante el cobro de extorsiones.
Estos grupos, que se mueven entre departamentos vecinos como Caquetá, Tolima y Cauca, utilizan el Huila como corredor estratégico y punto de presión económica.
“El año inmediatamente anterior se cancelaron 80 millones de pesos de recompensa y están en trámite alrededor de 200 millones de pesos adicionales en una documentación que la semana anterior se recopiló precisamente y algunas de ellas están relacionadas precisamente con estos atentados terroristas que se produjeron el año inmediatamente anterior”, expresó el funcionario del gobierno departamental.
Además, el secretario dio a conocer que el año anterior se registraron 44 atentados terroristas en el departamento de los cuales 24 ocurrieron en la ciudad de Neiva.
Dos atentados en Neiva
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, ha señalado que se están adelantando labores de inteligencia y recolección de testimonios para dar con los responsables de estos ataques. Asimismo, afirmó que se está fortaleciendo la articulación con las autoridades judiciales y militares para evitar que estos hechos sigan ocurriendo.
“Lamentablemente se han presentado dos hechos en los que la zozobra y el temor se ha activado en la comunidad neivana a raíz de la activación de dos artefactos explosivos, uno en el oriente y otro hacia el norte de la ciudad, de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento en el desarrollo de la investigación, los móviles son netamente extorsivos”, sostuvo el Coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Metropolitana de Neiva.
De igual forma, el coronel dio a conocer que tanto el Gaula de la Policía Nacional articulado con el Gaula de Ejército y Gaula del CTI vienen trabajando de forma articulada para no solamente determinar los directos responsables, sino lograr con la ubicación de quienes lo están liderando y direccionando.
La utilización de artefactos explosivos, no solo afecta directamente la economía local, sino que también genera desplazamientos silenciosos, cierre de negocios y pérdida de confianza en la institucionalidad.
“Esto buscando afectar en especial al comercio y a las personas afectadas por la extorsión acá en la acá en el la área metropolitana, por cada evento se adelanta una acción investigativa, pero que es el mismo grupo el que está trabajando de forma articulada para poder a la hora de tener que engranar capacidades, afectar a los que lo están organizando o si obedece, sumar o direccionar el ejercicio investigativo sobre cada uno de los de los actores inicialmente a quienes hacen el actuar material”, manifestó el comandante de la Metropolitana de Neiva.
Por su parte, organismos de derechos humanos y asociaciones de víctimas han expresado su preocupación por el impacto que esta violencia está teniendo sobre las comunidades rurales y urbanas. Muchos habitantes temen denunciar, lo que dificulta las acciones de las autoridades.
“Además, a quienes lanzan, a quienes realizan la inteligencia criminal y proporcionan la información a aquellos grupos que ya de un nivel superior entre ellos lideran y orientan ese tipo de acciones”, enfatizó el coronel.
Asimismo, desafortunadamente no ha habido capturas por estos dos hechos ocurridos en Neiva, sin embargo, las autoridades continúan trabajando en la investigación y recopilación de información para dar con los responsables de estos actos criminales.
“Hasta el momento no ha habido capturas por estos dos hechos, lamentablemente los hechos cuando se han presentado ya obedecemos esa la parte técnica e investigativa. Sin embargo, después de eso ya se hizo una reunión de articulación con el mismo gobernador, el alcalde acá de la ciudad de Neiva, tanto nuestro ejército y la policía trabajando con las diferentes secretarías de los dos entes territoriales para sumar esfuerzos y se ha venido desde esa fecha haciendo una serie de recorridos diferenciales buscando evitar que la actividad se repita y asimismo pues mientras se desarrolla el trabajo investigativo, mostrar resultados en materia ya de los dos eventos presentados”, indicó.

La extorsión, principal amenaza
La extorsión es una de las principales amenazas que enfrentan los habitantes y empresarios del departamento del Huila, especialmente en áreas rurales y municipios como La Plata, Neiva, Hobo y Gigante. Grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las FARC, han intensificado sus actividades delictivas en la región, afectando la seguridad y el desarrollo económico local.
“Nosotros somos conocedores que no todos los eventos que se presentan y estoy hablando de las llamadas, citaciones o volates que se han llegado a nuestros comerciantes son denunciados oficialmente, sin embargo, no solamente con las noticias criminales que hay ahí se adelanta la labor investigativa, sino con ese sentir general, nosotros adelantamos una actividad preventiva para poder llegar a cada uno de los diferentes gremios y ponerlo sobre aviso para que ellos tomen diferentes actividades preventivas que puedan advertir o puedan aminorar el riesgo que se presente”, concluyó el Coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Metropolitana de Neiva.
Principales focos de extorsión en el Huila
La Plata: Las disidencias de las FARC han establecido un control territorial en varias veredas, como San Mateo, El Rosario y San Vicente. Han realizado reuniones masivas bajo amenazas y desplazado a familias que se niegan a pagar extorsiones. Además, han quemado vehículos de transporte de alimentos como medida de presión
Neiva y municipios aledaños: En 2024, se registraron 33 casos de extorsión en Neiva, un aumento significativo respecto a los 12 del año anterior. Además, se identificó una modalidad de extorsión por suplantación de grupos ilegales desde las cárceles, con exigencias que oscilan entre $2 y $20 millones.
Hobo y Yaguará: En junio de 2024, un camión que transportaba pescado fue interceptado y quemado por hombres armados, presuntamente miembros de las disidencias de las FARC, como medida de presión para el pago de extorsiones.








