De acuerdo con la Defensora del Pueblo las advertencias emitidas, se enfocan en temas de reclutamiento forzado de menores, seguridad y riesgo electoral. La vocera de la entidad a nivel nacional anunció su visita al departamento del Huila, para revisar temas especialmente que concentran especial atención en el municipio de La Plata.
Por: Francy Villarreal Ruiz.
La Defensoría del Pueblo en la titularidad de Iris Marín Ortiz, señaló que desde el contexto nacional se han emitido siete alertas tempranas vigentes para el departamento del Huila; seis de las cuales son estructurales y una es de urgencia, abarcando 26 de los 37 municipios de la región.
Estos llamados de advertencia se centran en el reclutamiento forzado de menores, la seguridad general y el riesgo electoral. La Defensora del Pueblo anunció una próxima semana llegará a la región huilense para revisar especialmente la situación del municipio de La Plata.
“La Defensoría del Pueblo tiene una visión integral de los derechos humanos, es decir, que no está solo basada en la seguridad física que está en juego en el departamento del Huila, en la integridad, la vida, la vida y la integridad personal de los habitantes del departamento del Huila; sino una mirada también de todos los derechos en su interdependencia y quiero saludar dar especialmente esa mirada que ve la solución de seguridad para el Huila y la garantía de los Derechos Humanos desde una perspectiva integral y de la inversión social también” expresó Marín Ortiz.
Adicionó además, referente a temas sociales que afronta la región que “Es importante decir que la atención integral de este tema no puede recaer exclusivamente en el sector de seguridad y defensa, porque la gobernanza integral del Estado de Derecho depende de la intervención de todas las autoridades, y creo que ese es el llamado más importante que debemos tener en cuenta para lograr que el Huila pueda tener unas condiciones adecuadas de protección de los Derechos Humanos de su población”.
Riesgo electoral
Una de las principales preocupaciones es la Alerta Temprana Electoral, expedida la semana pasada para los procesos electorales de 2025 y 2026, incluyendo las próximas jornadas de consejos de juventudes.
En esta oportunidad, el municipio de La Plata fue identificado como el único municipio del Huila que requiere una acción urgente frente al riesgo electoral. Además, 21 municipios fueron catalogados con necesidad de acción prioritaria, mientras que 12 requieren observación.
El riesgo se debe a la identificación de tres dinámicas, entre ellas el control social y la gobernanza armada ilegal en diferentes niveles, que podría desplazar la gobernanza de las autoridades del estado de derecho.
“Quiero que entienda que cuando la Defensoría del pueblo dice, «Hay un nivel de gobernanza armada ilegal», no estamos diciendo que los alcaldes, ni que la gobernación no mande en absoluto, estamos diciendo que hay diferentes grados que en la medida en que crezcan puede sí pueden terminar desplazando la gobernanza de las autoridades del Estado de Derecho. Esa gobernanza se puede contrarrestar a través de las capacidades institucionales y las capacidades legales, pero también debe tener en cuenta cuáles son las vulnerabilidades institucionales”, dijo la Defensora.
Los municipios con más alertas tempranas vigentes son Neiva, La Plata, Íquira, Algeciras y Garzón.
“Aquí es importante tener en cuenta que, si bien el foco de la intervención más urgente es el municipio de La Plata, no podemos descuidar los otros municipios, porque en la medida en que se descuiden la expansión de los grupos y de la dinámica puede ser perjudicial. El éxito de esta alerta temprana no es que la defensoría del pueblo en 6 meses o en 1 año que hayan pasado todas las elecciones, digamos, se consumaron estos estos riesgos, sino que la acción institucional articulada permita neutralizar o mitigar estos riesgos y de esta manera decir, no solo se pudieron instalar las mesas de votación y la gente pudo ir a votar, sino que los candidatos las candidatas pudieron hacer su proselitismo en todo el departamento, movilizarse”.
La Defensoría del Pueblo identifica que en el departamento del Huila ya tuvo una situación sumamente crítica que fue el atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana justamente en una de las carreteras del occidente el departamento, que expuso el riesgo que se someten quienes aspiran a un cargo dentro del proceso electoral.
Presencia armada de disidencias FARC
De acuerdo con el informe de la Defensora, el departamento enfrenta la presencia de diversas facciones disidentes de las extintas FARC, incluyendo las de la línea de alias Mordisco; llamado Estado Mayor Central y el Bloque Central Isaías Pardo, que avanzan en el occidente y norte, especialmente en la zona de La Plata.
También se encuentran las disidencias de Calarcá, parte del Estado Mayor de los Bloques y el Frente, cuya presencia se extiende por gran parte del Huila.
“Esto está cubierto por la alerta temprana electoral estructural de cinco departamentos de este año, y que se enmarcan en la Alerta Temprana 01/2025, que fue la primera que expedimos, pero también estamos viendo una fuerte presencia de las estructuras de mordisco, el bloque amazonas y el bloque central Isaías Pardo que avanzan en el occidente y norte del Huila, que es principalmente pues donde se encuentra el municipio de La Plata”.
Para la Defensoría esta presencia armada genera una presión política que puede generar una coacción directa como la ha venido generando el ejercicio de las candidaturas del proselitismo por parte de candidatos, también por parte de los servidores y servidoras públicas que están a cargo de garantizar esta seguridad.
Situación crítica en La Plata
El municipio de La Plata es señalado como el de situación más crítica, pues allí está vigente la Alerta Temprana 022 de 2025 que también incluye a Nátaga y Paicol, y ha sido escenario de «consumaciones» de las advertencias, es decir, los riesgos se han convertido en realidad.
Se ha reportado un posicionamiento creciente de las facciones disidentes de las FARC de la línea de Mordisco con el Frente Hernando González Acosta y el Bloque Central Isaías FARC.
La gobernanza armada ilegal es tan fuerte que las comunidades campesinas se han opuesto al ingreso de la fuerza pública, siendo obligadas por las disidencias bajo amenaza de llenar las veredas de explosivos.
Líderes de Juntas de Acción Comunal han sido amenazados y, en ocasiones, se les impide desplazarse para mantener la gobernanza sobre la población civil.
Aumento del reclutamiento forzado
El reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes es otra dinámica alarmante.
Reportó Marín que de 33 casos de reclutamiento forzado reportados entre los años 2000 y 2025; 23 se presentaron solo en el año 2024, lo que muestra un ascenso muy importante de los casos frente a este flagelo que impacta a los menores y jóvenes en esta región del país.
Sin embargo, advirtió la Defensora, que frente a este flagelo existe un alto subregistro; pues la mayoría de los casos no llegan a la Defensoría del Pueblo, siendo lo reportado solo la punta del iceberg de una realidad que golpea a los niños, niñas y adolescentes del departamento del Huila.
“¿Esto qué nos muestra?, un ascenso muy importante del reclutamiento forzado en el departamento del Huila. Y esto marcado por un nivel de subregistro muy importante. El botón de reclutamiento de la Defensoría del Pueblo tiene un alto grado de verificación. Es cuando el niño o niña ya se ha desvinculado, ya se ha entregado y ha tomado contacto con el ICFB o con la Defensoría del Pueblo, donde tenemos un alto nivel de verificación. Es decir, la mayoría de los casos somos muy conscientes, no llegan con nosotros, y no tienen este nivel de verificación. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos no estamos teniendo reporte y esto es solo la punta del iceberg de una situación muy preocupante de reclutamiento de niños y niñas”.
Las dinámicas de captación
Según la Defensoría del Pueblo, las dinámicas que utilizan estos grupos armados, para la captación de menores en sus filas, se enfocan en aprovechar la mala situación económica que muchos de ellos afrontan.
Por tanto, se ofrecen pagos en dinero, objetos materiales como motos, y celulares, además de promesas de poder o un proyecto de vida dentro del grupo armado.
A esto se suma, la seducción digital a través del uso de plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para tomar contacto con menores, quienes atraídos por las redes sociales ‘enganchan’ con estas personas y los atrapan con engaños.
Todo esto, también radica en una marcada ausencia de oportunidades, sobre todo en municipios con un alto número de casos como La Plata, Neiva, Pitalito y Garzón, hay escasa inversión en espacios deportivos, restricciones en educación y alta deserción escolar, alertó la vocera del ministerio público.
“El problema es también cuál es el entorno y proyecto de vida que realmente lo haga sentir seguro y que realmente diga, «No, por más plata que me ofrezcas, yo que me voy a ir con un agente que no conozco eh a un ambiente hostil, a un ambiente donde voy a correr riesgos.» Entonces, en municipios que tenemos un alto número de casos como La Plata, Neiva, Pitalito y Garzón, hay una escasa o nula inversión para espacios deportivos o tenemos restricciones en el tema de educación o tenemos también una alta decepción escolar”.
Expuso que es importante y urgente, la activación de los comités, de los equipos de reacción inmediata frente al reclutamiento, que las Alcaldías puedan tener también rutas de prevención urgente frente a estas situaciones cuando se presenten.
Educación y enfoque rural
Dentro del informe entregado, la Defensoría también se refiere a el marcado aumento de la deserción escolar, que en nivel de educación secundaria puede alcanzar entre el 10% y el 15%, que es vista como una de las causas correlacionadas con el reclutamiento.
Aunque el departamento tiene una infraestructura educativa importante, la cobertura neta de educación secundaria está por debajo del promedio nacional, que corresponde al 75% frente a 80% nacional.
En cuanto al desarrollo rural, infiera también que se reconoce el interés en la reforma rural integral, pero se han generado tensiones en la asignación de tierras debido a la falta de diálogo entre el campesinado local y las territorialidades campesinas e indígenas, lo que genera conflictividad social.
“El éxito del Estado y del país es que podamos neutralizar estos riesgos, pero allí en el departamento y particularmente en el municipio de La Plata hemos visto un posicionamiento creciente de las facciones disidentes de las FARC de la línea de Iván Mordisco con el frente Hernando González Acosta y el bloque central Isaías Pardo de las FARC. Hemos visto que a pesar de las variaciones y algunos reacomodos territoriales es esto ha tenido una expansión que viene del noroeste del país, que es la zona del territorio más preocupante. Entonces, allí hemos visto algunas situaciones que me quisiera referir particularmente al tema de las asonadas que se han registrado en este municipio, donde se le pide a la comunidad sacar a la fuera pública de la zona”.
Añadió Marín Ortiz que preocupa también la instrumentalización de lideres comunales de la zona “algunos líderes de las Juntas de Acción Comunal también están amenazados, han tenido que desplazarse, pero en muchas ocasiones ni siquiera el desplazamiento es una alternativa, porque cuando dicen nos vamos a desplazar, les dicen, «No, señor, usted no se puede desplazar, usted tiene que quedar aquí, cumpliendo las instrucciones que da el grupo armado para poder garantizar la gobernanza sobre la población civil”.
Llamado a las acciones
La Defensoría enfatizó que la solución no puede recaer exclusivamente en el sector de seguridad y defensa.
La Alerta Temprana Electoral incluye 20 recomendaciones, de las cuales 10 están dirigidas a las autoridades civiles y a la coordinación del Ministerio del Interior.
Destacó que el reclutamiento forzado, por ejemplo, debe enfrentarse a través de una respuesta social integral en deportes, educación y entornos protectores.
La Defensora del Pueblo respaldó de la propuesta de realizar mesas de trabajo y ofreció el acompañamiento de la entidad, insistiendo en que “Solo una acción articulada de las tres ramas del poder público, los gobiernos nacional y local, y la justicia, será fundamental para mitigar los riesgos y lograr la gobernanza del estado social de derecho en el Huila”.
Visita al departamento
De acuerdo con la Defensora del Pueblo, se cuenta con la disposición de hacer presencia y participar, en una misión como expresó dentro de los compromisos con el Huila para abordar y profundizar en los flagelos que el ministerio público expuso en el informe.
“Voy a estar en una misión la próxima semana en el departamento del Huila, pero estamos acompañando, estamos bajo la convicción de que una acción articulada en las tres ramas del poder público, del gobierno nacional, de los de la gobernación, de las alcaldías, con el apoyo del Congreso de la República, con el apoyo de la justicia van a ser fundamentales para poder mitigar estos riesgos y poder lograr la gobernanza del estado social de derecho en el departamento del Huila”, concluyò Iris Marín Ortiz, Defensora Nacional del Pueblo.
