Carlos Yepes A.
El Gobierno presentó el presupuesto regionalizado y, con él, una ruta de inversión para el Huila que crece, pero se concentra. En 2026, el departamento recibiría $1,654,390 millones en inversión, un aumento de 8,9% frente a 2025 (+$134,943 millones), con el 79,3% del total en solo cinco sectores. Es decir: más plata, pero en menos canastas.
Primero, una precisión clave: el PGN no “asigna” recursos a los departamentos como tal; la regionalización es una identificación indicativa de cómo las inversiones sectoriales benefician cada territorio y se materializa en la ejecución. Útil para el control político, pero no es un cheque en blanco ni garantizado.
¿Cuáles son las prioridades que marca el Gobierno? 1) Política social y asistencial (44,6%). La gran apuesta es social: Inclusión Social y Reconciliación lidera con $352.666 millones (20,7%), seguido por Igualdad y Equidad ($187.534 millones; 11,0%) y Educación ($210.631 millones; 12,4%). El salto de Inclusión Social (+75,5%) sugiere un énfasis en Renta Ciudadana y atención a población vulnerable. Ojo: Educación cae 27,3% frente a 2025. 2) Transición energética y desarrollo productivo (21,5%). Minas y Energía crece112,3% y se vuelve el segundo rubro del Huila con $316.069 millones (18,6%). Es una ventana para posicionar al departamento como referente de nueva matriz energética si se ejecuta con criterios técnicos y visión de largo plazo. Agricultura y Desarrollo Rural, en cambio, disminuye 22,4% y concentra la mayor parte en formalización de tierras. 3) Conectividad e infraestructura (18,1%). Transporte concentra $244.544 millones (14,4%), con continuidad de corredores estratégicos como Santana–Mocoa–Neiva y apuestas viales con potencial turístico y logístico. Bien encaminado, pero exige gerencia de proyectos para que las obras se traduzcan en competitividad y empleo. 4) Seguridad y justicia (2,2%). Llaman la atención los aumentos en Fiscalía y el refuerzo a Defensa/Policía, en línea con la demanda ciudadana por seguridad y convivencia. 5) Vacíos sensibles. Se eliminan partidas de Ambiente y de Hacienda en el Huila, lo que abre interrogantes sobre continuidad de iniciativas de conservación y gestión fiscal territorial; además caen deporte, información estadística y vivienda, áreas que sostienen calidad de vida y capacidades institucionales.
Una lectura de fondo nos deja percibir que la conformación de la tríada: “asistencia social + transición energética + carreteras” define la orientación para 2026. Bien enfocada, puede aliviar pobreza, modernizar la matriz energética y mejorar la movilidad de productos y personas. Pero la reducción en Educación y Agricultura y la desaparición de Ambiente tensionan el desarrollo humano y productivo de mediano plazo. Con mayor concentración sectorial, el riesgo es ejecutar mucho menos de lo que se promete si no se fortalece la capacidad institucional local.
Proponemos cinco tareas concretas para no perder el año. 1) Blindar la ejecución vial. Priorizar hitos trimestrales de obra en Santana–Mocoa–Neiva y transversalidades, con tableros públicos de avance y sanciones por incumplimiento. Menos anuncios, más obra verificable. 2) Convertir Minas y Energía en empleo local. Amarrar parte de los recursos a proyectos de generación distribuida, techos solares para MIPYMES y soluciones rurales (escuelas y puestos de salud), con formación técnica en la USCO y el SENA para instaladores y operación. 3) Compensar los recortes en Educación y Agricultura. Movilizar regalías y cofinanciación departamental/municipal para infraestructura educativa priorizada y encadenamientos productivos (ruralidad, riego, transformación). 4) Exigir trazabilidad de la inversión social. Focalización transparente de Renta Ciudadana y evaluación de impacto (empleabilidad, permanencia escolar, nutrición), integrando rutas de formalización y emprendimiento para que el subsidio sea escalón, no techo y 5) Cerrar el vacío ambiental. Si Ambiente no aparece con rubro propio, reubicar metas de conservación y cambio climático en sectores afines (Agricultura, Vivienda/Agua, Minas y Energía) y amarrarlas a indicadores medibles en cuenca del Magdalena, Tatacoa y Macizo.
Debemos de tener en cuenta finalmente que el presupuesto regionalizado nos da una fotografía útil para orientar el control político y la veeduría ciudadana; no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida para gestionar bien, exigir cuentas y corregir a tiempo. Si convertimos estos pesos en resultados tangibles, menos pobreza, mejores vías, energía más barata y limpia, más productividad, el Huila sí podrá dar un salto. Para eso propongo lo de siempre: un Acuerdo para Vivir Mejor, que alinee a Gobierno, alcaldías, academia y sector privado en metas medibles y de rápida verificación.
