El hacinamiento carcelario en Colombia alcanzó niveles críticos en 2025, con una sobrepoblación del 28,6 % en las cárceles y un alarmante 142,5 % en los centros de detención transitoria. Esta crisis, que también golpea con fuerza a Neiva y el Huila, refleja un sistema penitenciario desbordado y una política criminal centrada en el castigo antes que en la prevención y la resocialización.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
La crisis del hacinamiento en el sistema penitenciario colombiano continúa escalando, evidenciando las condiciones inhumanas en las que sobreviven miles de personas privadas de la libertad. Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al 23 de septiembre de 2025 el hacinamiento general en los establecimientos carcelarios del país alcanza el 28,6 %, un incremento de 2,1 puntos porcentuales frente al año anterior.
El panorama es aún más crítico en los centros de detención transitoria, como estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde la sobrepoblación supera con creces la capacidad instalada, albergando a más del doble de personas para las que fueron diseñadas.
Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, advirtió que la situación de hacinamiento es apenas un reflejo de los problemas estructurales del sistema penitenciario colombiano. “Las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad ameritan permanente reflexión y trabajo para su dignificación. El 24 de septiembre se celebra la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos. Aprovechamos esta fecha para recordar la imperiosa necesidad de superar el estado de cosas inconstitucional al interior de las cárceles y centros de detención transitoria que desde hace tiempo constituye la realidad de nuestro país”, señaló el académico.
Hacinamiento en establecimientos carcelarios
El INPEC reporta que la población carcelaria actual es de 104.395 personas privadas de la libertad, mientras que la capacidad oficial de los establecimientos es de apenas 81.139 cupos. Esto refleja un hacinamiento general del 28,6 %, una cifra alarmante que ha ido en aumento durante los últimos años.
Aunque podría pensarse que el problema afecta principalmente a los hombres, la situación también es crítica en cárceles femeninas. Escobar destacó que en Bogotá el hacinamiento en centros de reclusión para mujeres alcanza el 40,85 %, mientras que en el departamento del Cesar se dispara al 140 %. Estas cifras evidencian un problema que no distingue género y que pone en riesgo la salud y dignidad de miles de reclusas.
Centros de detención transitoria: la situación más crítica
El panorama es aún más dramático en los centros de detención transitoria, como estaciones de policía y URIs. Según la última actualización del Ministerio de Justicia con corte al 15 de septiembre de 2025, el porcentaje de hacinamiento en estas instalaciones alcanza el 142,56 %.
Escobar explicó que estos lugares, por definición, no están diseñados para la reclusión prolongada, ya sea como condena o detención preventiva. “Hay capacidad en salas para 9.687 personas, pero actualmente albergan a 20.889. Esto genera condiciones de vida inhumanas y vulnera derechos fundamentales de los detenidos”, señaló.
La sobrepoblación extrema en estos centros transitorios no solo dificulta el acceso a servicios básicos, sino que incrementa los riesgos de violencia intracarcelaria, propagación de enfermedades y deterioro de la salud mental de los internos. Las condiciones observadas son consecuencia de una política criminal que ha priorizado la reclusión masiva sobre medidas de prevención y resocialización.
Vulneraciones a los derechos de las personas privadas de la libertad
Para Escobar, las cifras de hacinamiento son apenas un indicador del problema estructural que enfrenta el sistema penitenciario. El hacinamiento está estrechamente ligado a vulneraciones de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, alimentación adecuada, educación y justicia.
“La construcción de más cárceles o la ampliación de cupos no ha sido la solución. Distintos gobiernos han apostado históricamente por esta estrategia y su fracaso ha sido rotundo. Tampoco la privatización de las cárceles, promovida por algunas voces, ofrece una solución sostenible; la experiencia comparada muestra los numerosos riesgos de estas iniciativas”, sostuvo Escobar.
El académico advirtió que el llamado “estado de cosas inconstitucional” que hoy vive el sistema penitenciario es producto de una política criminal que no centra sus esfuerzos en la prevención del delito basada en datos empíricos. Cuando ocurre un hecho delictivo, la respuesta ha sido predominantemente punitiva, sin explorar verdaderas alternativas a la reclusión o a la judicialización masiva.
Educación y resocialización: desafíos persistentes
Uno de los pilares para la resocialización de las personas privadas de la libertad —educación y formación— también enfrenta enormes desafíos. Escobar señala que, según los tableros estadísticos del INPEC, 4.318 internos no saben leer ni escribir, pero solo 1.374 están vinculados a programas de alfabetización.
“La política criminal del país tampoco pretende, en la práctica, la resocialización de las personas privadas de la libertad, más allá de que este concepto resulte problemático para algunos, considerando que muchas de estas personas han sido históricamente excluidas de buena parte de nuestras dinámicas sociales”, explicó.
La falta de acceso a programas educativos y de formación profesional perpetúa un círculo de exclusión y marginalidad, que dificulta la reinserción social de los reclusos una vez cumplen sus condenas. Esto contribuye a la reincidencia y refuerza un modelo penitenciario basado en el encierro más que en la transformación social.
El aumento de penas no previene el delito
Escobar subraya que, pese a la percepción popular, aumentar penas y llenar cárceles no constituye un mecanismo efectivo de prevención del delito. “La criminología ha demostrado hasta la saciedad que el aumento de penas no previene el delito. Las cárceles no resocializan por lo general y, más bien, impulsan a algunas personas hacia verdaderas carreras criminales”, afirmó.
El académico hace un llamado a replantear la política criminal en Colombia, sugiriendo un enfoque que priorice la prevención, la reparación del tejido social y la reducción de la población carcelaria mediante alternativas restaurativas y comunitarias. “Si tenemos un modelo predominantemente restaurativo para atrocidades como forma de superar el conflicto armado, ¿por qué no uno similar para los crímenes ordinarios que limite la cárcel a supuestos de extrema gravedad? ¿Por qué no destinar estos recursos a la prevención y la restauración del tejido social? ¿Por qué no reconocer a las personas condenadas como sujetos políticos con derecho al voto?”, cuestionó Escobar.
Reflexiones sobre la política criminal
La situación de hacinamiento extremo y vulneración de derechos refleja una política criminal que ha privilegiado el castigo sobre la prevención y la rehabilitación. Escobar advierte que la mayoría de los esfuerzos institucionales se han centrado en la ampliación de la infraestructura penitenciaria y el aumento de cupos, sin abordar las causas estructurales del delito ni la necesidad de un enfoque restaurativo que promueva la reintegración social.
“El sistema penitenciario colombiano reproduce inequidades y exclusiones históricas. Las personas privadas de la libertad enfrentan condiciones de vida inhumanas, falta de educación, limitaciones en el acceso a la salud y una ausencia de programas efectivos de resocialización. Esto no solo vulnera sus derechos, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, al no ofrecer herramientas para prevenir la reincidencia y la violencia”, concluyó Escobar.
El hacinamiento en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero sus niveles actuales revelan la urgencia de implementar reformas profundas en la política criminal y penitenciaria. Las cifras muestran que el sistema carcelario no está diseñado para albergar a la población actual y que la detención prolongada en centros transitorios constituye una vulneración sistemática de derechos fundamentales.
La reflexión que propone Escobar apunta a un cambio de paradigma: pasar de una política criminal basada en la reclusión masiva y el aumento de penas a un enfoque que priorice la prevención del delito, la educación y la resocialización, y la restauración del tejido social. Solo así será posible abordar de manera integral la crisis del hacinamiento y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad en Colombia.
Hacinamiento carcelario en Neiva y el Huila
El sistema penitenciario en Neiva y el departamento del Huila enfrenta una crisis de hacinamiento que supera los niveles nacionales promedio. Según datos de la Defensoría del Pueblo, a junio de 2025, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Neiva, conocido como la cárcel de Rivera, presenta un hacinamiento del 48,5%. Esto implica que alberga más de 1.400 internos, cuando su capacidad oficial es de 980 personas
La situación es aún más crítica en los centros de detención transitoria. En las antiguas bodegas de Alpina, habilitadas como centro de detención temporal, se reporta un hacinamiento del 163%, con 258 personas detenidas en un espacio diseñado para 98.
Este exceso de población no solo afecta a los internos, sino también al personal del INPEC y a los guardianes, quienes deben enfrentar condiciones laborales precarias, sobrecarga de trabajo y riesgos aumentados de violencia y motines.
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Medidas adoptadas y desafíos persistentes
Ante esta situación, las autoridades locales han implementado acciones para mitigar el hacinamiento. En Pitalito, por ejemplo, se ha habilitado un nuevo patio en la cárcel del INPEC, lo que permitirá reducir el número de internos por celda y mejorar las condiciones de reclusión.
Sin embargo, estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema. El déficit de cupos carcelarios en el departamento continúa siendo elevado, y la falta de infraestructura adecuada limita la capacidad de respuesta del sistema penitenciario.
Impacto en los derechos humanos
El hacinamiento extremo en las cárceles del Huila genera múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Se han reportado deficiencias en el acceso a servicios de salud, alimentación insuficiente, condiciones insalubres y falta de programas educativos y de resocialización. Estas condiciones propician la propagación de enfermedades, como la tuberculosis, y aumentan el riesgo de conflictos internos y violencia.
Además, el hacinamiento en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) agrava la situación, ya que estos centros no están diseñados para la reclusión prolongada, lo que vulnera los derechos fundamentales de los detenidos.
Perspectivas y propuestas
Para abordar de manera efectiva la crisis carcelaria en Neiva y el Huila, es necesario implementar una estrategia integral que incluya:
- Ampliación de la infraestructura penitenciaria: Construcción de nuevos establecimientos de reclusión y ampliación de los existentes para aumentar la capacidad de alojamiento.
- Implementación de medidas alternativas a la prisión: Fomento de la detención domiciliaria, vigilancia electrónica y otras medidas que permitan reducir la población carcelaria sin comprometer la seguridad.
- Fortalecimiento de los programas de resocialización: Desarrollo de iniciativas educativas, laborales y psicosociales que faciliten la reintegración de los internos a la sociedad.
- Mejora de las condiciones de vida en los centros de detención: Garantizar el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, higiene y seguridad para todos los detenidos.
Solo a través de un enfoque integral y coordinado entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales se podrá superar la crisis del hacinamiento carcelario en el Huila y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Datos clave sobre el hacinamiento en Colombia (septiembre 2025)
- Hacinamiento general en cárceles: 28,6 % (104.395 internos para 81.139 cupos).
- Cárceles femeninas: Bogotá 40,85 %; Cesar 140 %.
- Centros de detención transitoria: 142,56 % (20.889 personas para 9.687 cupos).
- Problemáticas asociadas: vulneraciones al derecho a la salud, alimentación, educación y justicia.
- Propuestas de expertos: prevención del delito basada en datos, alternativas a la reclusión, programas de alfabetización y resocialización, enfoque restaurativo para delitos ordinarios.
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