La ONU encendió las alarmas por la grave situación de derechos humanos que enfrentan los campesinos del municipio de Tello, Huila, quienes sufren amenazas, presiones y estigmatización por parte de grupos armados ilegales. La comunidad, atrapada entre el miedo y el abandono estatal, exige protección y acciones urgentes del Gobierno.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
En un nuevo llamado de atención a las autoridades colombianas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió sobre el grave riesgo que enfrentan las comunidades campesinas del municipio de Tello, Huila, por cuenta de las amenazas, la presión ejercida por grupos armados no estatales y la estigmatización derivada de vivir en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. La situación, lejos de ser nueva, se ha venido agravando con el paso de los meses, generando temor, desplazamiento y una creciente desprotección en áreas rurales del norte del departamento.
Alerta desde la ONU
El pasado lunes, la OACNUDH publicó un hilo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que expresó su preocupación por los abusos de grupos armados ilegales que operan en Tello y zonas aledañas. Según el organismo internacional, además de las amenazas directas, la población civil sufre una estigmatización persistente por habitar en un territorio que ha sido escenario de enfrentamientos y presencia armada. Esta doble afectación –violencia directa y sospecha social– incrementa la vulnerabilidad de los campesinos, quienes ya enfrentan barreras estructurales para el acceso a derechos básicos.
«Recibimos información sobre los riesgos para la población civil de #Tello #Huila por los abusos de grupos armados no estatales y por la estigmatización que recibe la población por vivir en zona de conflicto, donde enfrentan amenazas, presiones y gran temor», señaló la ONU.
Frente a este panorama, la entidad urgió al Estado colombiano a implementar medidas pertinentes e integrales que garanticen la protección de los derechos humanos y que defiendan la vida, la dignidad y la integridad del campesinado. «Urgimos al Estado a tomar medidas pertinentes e integrales que prevengan la vulneración de los derechos humanos y a proteger y respetar al campesinado y a sus liderazgos contra la estigmatización y/o posibles violaciones y abusos», añadió.
La ONU también hizo un llamado directo a los grupos armados no estatales, exigiendo el respeto por la vida de la población civil y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Finalmente, la Oficina aseguró que continuará haciendo presencia en el territorio: «Seguiremos acompañando y monitoreando la situación de derechos humanos de la comunidad de Tello y haciendo incidencia con las autoridades para su protección».
La Defensoría advierte desde 2023
Este pronunciamiento internacional se suma a las advertencias ya emitidas por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 010 de 2023, la cual señala una situación de riesgo inminente para los habitantes rurales de Tello, Neiva y Baraya. Según ese informe, la presencia de grupos armados ilegales en esta zona del norte del Huila ha derivado en un control social de facto, con medidas como carnetización obligatoria para circular por las veredas, restricciones a la movilidad, extorsiones a comerciantes y transportadores, y amenazas a líderes comunitarios.
“La situación se ha venido deteriorando rápidamente. El Estado tiene presencia institucional limitada en muchas veredas, y esto ha sido aprovechado por los actores armados para imponer sus propias reglas y castigos”, explicó un funcionario de la Defensoría del Pueblo consultado por Diario del Huila.
La entidad también advirtió sobre la intensificación del reclutamiento forzado de menores. Durante 2024, Huila fue el cuarto departamento con más casos documentados de reclutamiento infantil, con 13 menores de edad víctimas de este delito, especialmente en áreas rurales donde las condiciones de pobreza, abandono estatal y conflictividad armada son más graves.
Comunidades bajo control armado
En el caso específico de Tello, varias veredas han reportado la implementación de mecanismos de control social por parte de grupos armados, que buscan regular desde los horarios de circulación hasta las actividades comunitarias. Según líderes locales, en algunas zonas se exige portar un carné expedido por las estructuras ilegales para poder transitar sin represalias, lo cual equivale a una restricción ilegal de la libertad de movimiento.
“Se siente un miedo permanente. A uno lo miran raro si viene de otra vereda, y en cualquier momento puede llegar una amenaza. Aquí no hay confianza ni siquiera entre vecinos porque todos temen ser señalados”, afirmó un habitante de una vereda cercana al centro poblado de Tello, quien pidió mantener su identidad en reserva.
Además, los líderes comunales han sido blanco recurrente de intimidaciones. La estigmatización hacia quienes promueven procesos de organización social o lideran juntas de acción comunal es frecuente. “Nos dicen que somos sapos, guerrilleros o informantes, cuando lo único que hacemos es tratar de mejorar las condiciones de nuestras comunidades. Eso nos pone en la mira de todos”, denunció una lideresa rural.
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Un Estado ausente
Pese a las denuncias, muchos habitantes de la zona coinciden en que la respuesta del Estado ha sido limitada y tardía. Aunque existen programas gubernamentales de protección a líderes sociales, en la práctica estos mecanismos no llegan con suficiente oportunidad ni cobertura.
La falta de inversión en infraestructura, educación y desarrollo rural ha contribuido a que la inseguridad se perpetúe. “Es fácil que las estructuras ilegales llenen los vacíos que deja el Estado. Cuando no hay salud, no hay educación, y no hay garantías mínimas, es muy difícil pedirle a la gente que resista en condiciones dignas”, afirmó un defensor de derechos humanos que ha trabajado en la región.
¿Qué se necesita?
Las organizaciones sociales y organismos internacionales coinciden en que es urgente una respuesta integral del Estado colombiano que combine medidas de seguridad con inversión social, fortalecimiento institucional y acompañamiento a los liderazgos campesinos. También se requiere desmontar los prejuicios que asocian a los habitantes de zonas de conflicto con grupos armados, una forma de estigmatización que pone en riesgo su vida y su legitimidad como ciudadanos.
“La estigmatización no solo es injusta, sino peligrosa. Hace que los líderes de base sean vistos como enemigos por el solo hecho de exigir derechos. Y eso, en una zona controlada por armados, puede costar la vida”, advirtió la ONU.
Compromiso de la comunidad internacional
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha reiterado su compromiso de seguir monitoreando de cerca la situación en Tello y promoviendo acciones de incidencia ante las autoridades locales y nacionales. Su presencia es vista por muchas organizaciones como un respaldo clave para visibilizar lo que ocurre en este rincón del Huila, donde la guerra no ha terminado.
Mientras tanto, la comunidad campesina sigue esperando que sus voces sean escuchadas y que el Estado cumpla su deber de garantizar sus derechos. Por ahora, la incertidumbre, el miedo y la resistencia siguen marcando el día a día en las veredas de Tello.
