El más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU advierte sobre el deterioro de la seguridad en varias regiones de Colombia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en el marco de la política de «paz total». La protección de la población civil sigue siendo un punto innegociable en las mesas de diálogo con los grupos armados, mientras que comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan confinamientos y desplazamientos forzados debido al control territorial de actores ilegales.
DIARIO DEL HUILA, ACTULIDAD
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido clara en su postura frente a los diálogos que el Gobierno colombiano adelanta con seis grupos armados: la protección de la población civil debe ser un punto innegociable. El informe más reciente de esta delegación ha puesto en evidencia un deterioro en aspectos como el control territorial, el reclutamiento infantil y el confinamiento de comunidades, especialmente afrodescendientes e indígenas, quienes quedan a merced de los grupos ilegales que han expandido su influencia en varias regiones del país.
El representante en funciones de esta Oficina en Colombia, Juan Carlos Monge, reafirmó el respaldo del organismo a los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una salida negociada al conflicto, pero enfatizó que los compromisos alcanzados en la mesa deben traducirse en mejoras concretas en la seguridad de los territorios.
Efectos de la ‘Paz Total’ en los territorios
La política de ‘Paz Total’ promovida por el Gobierno colombiano es, sin duda, una aspiración legítima y necesaria. Sin embargo, Monge señala que la paz no se logra solo con negociaciones, sino que también requiere desarrollo rural, justicia transicional y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Es precisamente en estos aspectos donde se han identificado flaquezas, debido a la dispersión de los grupos armados y las dificultades de seguridad en varias regiones.
El año pasado, el Gobierno mantenía diálogos con aproximadamente diez organizaciones armadas. No obstante, el Alto Comisionado insiste en que la paz debe centrarse en la protección de la población civil, una prioridad que debe prevalecer en cualquier conversación con actores armados.
El retorno del conflicto armado en las regiones
A pesar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, persisten conflictos activos en Colombia. La principal preocupación del Alto Comisionado es el impacto que la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales tiene sobre la población.
Estos grupos han adoptado diversas estrategias para afianzar su control, que incluyen la cooptación de liderazgos sociales, el asesinato de opositores y la imposición de normas que restringen la libertad de las comunidades. Como resultado, muchas poblaciones han experimentado un incremento en los niveles de violencia y represión.
Disputa territorial y crimen organizado
La lucha por el control territorial tiene múltiples detonantes, entre ellos la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas. Sin embargo, una de las mayores problemáticas es la ocupación de los espacios dejados por otros grupos armados, en los cuales el Estado no ha logrado consolidar su presencia.
Desde hace años, la Oficina del Alto Comisionado ha insistido en la necesidad de que el Estado llegue de manera efectiva a estas zonas. No se trata solo de fortalecer la seguridad, sino de garantizar derechos fundamentales como educación, salud y empleo. Sin estas oportunidades, las comunidades quedan en un estado de vulnerabilidad que facilita el reclutamiento por parte de los grupos ilegales.
Implementación del Acuerdo de Paz: avances y rezagos
Desde su firma en 2016, la implementación del Acuerdo de Paz ha sido irregular. Uno de los avances recientes ha sido la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, junto con el plan de choque presentado por el Ministerio del Interior a finales del año pasado. No obstante, los rezagos siguen siendo evidentes.
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Uno de los puntos más críticos es el capítulo étnico del acuerdo. Los pueblos indígenas han sido los más afectados por el recrudecimiento del conflicto, y las acciones gubernamentales para protegerlos han sido insuficientes. La falta de implementación adecuada de este capítulo sigue poniendo en riesgo a estas comunidades, que sufren desplazamientos forzados y otras formas de violencia sistemática.
El caso del ELN y la crisis en el Catatumbo
Uno de los desafíos más importantes para el Gobierno es la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A pesar de estar en la mesa de diálogo, esta organización ha sido responsable de una escalada de violencia en el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto.
El Alto Comisionado ha sido enfático en que cualquier proceso de negociación debe priorizar la protección de la población civil. Para ello, es fundamental que el ELN muestre voluntad real de respetar estos principios. De lo contrario, el proceso pierde legitimidad y se pone en riesgo la gobernabilidad del Estado en estas zonas.
Asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo
Si bien las cifras indican una reducción en los homicidios de líderes sociales y firmantes del acuerdo en los últimos dos años, los números siguen siendo alarmantes. Desde la firma del acuerdo, más de 400 excombatientes han sido asesinados.
Cada asesinato es una tragedia humana que afecta a comunidades enteras. La Oficina del Alto Comisionado ha recordado casos emblemáticos como el de Narciso Beleño, líder campesino asesinado en Bolívar; Carmelina Yule, una mayor del pueblo Nasa, asesinada en Toribío cuando intentaba rescatar a un niño reclutado; y Bruno Pambelé, un sabedor ancestral de Arauca.
El reclutamiento infantil y la vulnerabilidad de la niñez
El reclutamiento de niños y adolescentes sigue siendo uno de los crímenes más atroces del conflicto colombiano. Según la Oficina del Alto Comisionado, en 2024 se registraron al menos 216 casos de reclutamiento infantil, aunque la Defensoría del Pueblo estima que la cifra real supera los 400 casos.
El reclutamiento forzado no solo implica la pérdida de la infancia de estos menores, sino que también los expone a abusos sistemáticos, incluidos la explotación sexual y el trabajo forzado. Para combatir este problema, es fundamental que el Estado tenga presencia activa en las zonas más vulnerables y que se implemente una estrategia judicial que sancione no solo a los reclutadores, sino también a las estructuras que los financian.
Zonas críticas y focos de crisis humanitaria
Las regiones más afectadas por el conflicto incluyen Norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca, Putumayo, Huila y Nariño, entre otras. Además, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y el Pacífico del Valle del Cauca han sido identificados como focos de crisis humanitaria.
En estos territorios, la población civil vive en una constante incertidumbre, con restricciones de movilidad impuestas por los grupos armados y sin acceso adecuado a servicios básicos.
Recomendaciones del Alto Comisionado al Gobierno colombiano
El Alto Comisionado ha formulado varias recomendaciones clave para el Gobierno:
- Desmantelamiento de grupos criminales: Se debe avanzar en una estrategia articulada que incluya acciones judiciales y operativas para desmantelar las organizaciones armadas y sus fuentes de financiamiento.
- Marco regulatorio de inteligencia: Se necesita una ley que garantice que las operaciones de inteligencia cumplan con estándares internacionales de derechos humanos y no sean utilizadas para fines políticos.
- Acceso del Estado a los territorios: Es imprescindible que el Estado tenga acceso irrestricto a todas las regiones del país, asegurando la protección de la población civil y la prestación de servicios esenciales.
- Protección de comunidades indígenas y afrodescendientes: Se deben implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad de estos grupos, especialmente aquellos en riesgo de exterminio.
El panorama en Colombia sigue siendo complejo. Aunque la política de ‘Paz Total’ es una apuesta ambiciosa, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población y desmontar las estructuras de violencia. Solo con una presencia integral del Estado en los territorios y un enfoque centrado en los derechos humanos, será posible avanzar hacia una paz real y duradera.
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