La distancia entre las proyecciones oficiales y la realidad patrimonial de las aseguradoras plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y la capacidad institucional.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
El Congreso de la República reabrió el debate sobre el proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en medio de crecientes advertencias sobre su viabilidad fiscal. Un reciente estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sostiene que el aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda subestima los costos reales del nuevo modelo, lo que podría traducirse en presiones adicionales para las finanzas públicas y en serios desafíos para la implementación de la reforma.
Así las cosas, mientras el Gobierno defiende la necesidad de transformar el sistema y fortalecer la atención primaria, las cifras de déficit de las entidades promotoras de salud (EPS) y los riesgos fiscales señalados por el centro de estudios económicos mantienen la incertidumbre sobre el futuro del sector.
Un proyecto que regresa con más dudas que certezas
El proyecto de ley, archivado en 2023, volvió a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con el objetivo de reestructurar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para el Ministerio de Salud, los problemas estructurales del modelo actual justifican la iniciativa.
Aunque se logró cobertura universal, ello también incrementó el gasto público en aseguramiento. El Gobierno ha insistido en que el modelo vigente prioriza la atención de enfermedades que podrían prevenirse y no la prevención misma. Por eso, busca instaurar un enfoque preventivo que, en teoría, reduciría los costos a largo plazo.
Otro de los argumentos oficiales es la inviabilidad financiera de las EPS: de las 157 autorizadas históricamente, 129 han sido liquidadas y más de la mitad de los afiliados permanece en entidades intervenidas. Además, el Ejecutivo cuestiona la integración vertical, que permitió a las EPS prestar servicios con sus propias clínicas y hospitales, debilitando la competencia y afectando a las instituciones hospitalarias públicas.
Aval fiscal y costos en entredicho
El análisis de Anif pone en duda la solidez del aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2025. Según el estudio “Aval fiscal de la reforma a la salud: mayores gastos y menos recursos”, los cálculos oficiales omiten desvíos significativos en los montos proyectados.
“La subestimación de costos en atención de alta complejidad derivada del enfoque preventivo, el crecimiento de las contribuciones, la magnitud real del fortalecimiento institucional y el cubrimiento de los pasivos de las EPS sugieren que el nuevo sistema podría necesitar mayores recursos de lo planeado”, advirtió el gremio, presidido por José Ignacio López.
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El informe también señala que los costos tecnológicos, de talento humano e infraestructura para la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) y la Superintendencia de Salud serían mucho más altos de lo estimado. En consecuencia, los recursos calculados podrían resultar insuficientes ante la grave situación patrimonial de las aseguradoras.
Las proyecciones del Gobierno
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el gasto en salud pasará del 5,9 % del PIB en 2026 al 7,6 % en 2036, con un énfasis del 96 % en atención primaria y en servicios de mediana y alta complejidad.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) es la principal fuente de financiación. Aportó el 38,6 % de los recursos en 2024 y se prevé que alcance el 44 % en la próxima década. En cifras, los aportes pasaron de $38,9 billones en 2024 a una proyección de $44 billones en 2026 y $96,2 billones en 2036.
Las cotizaciones del régimen contributivo continúan como la segunda fuente de financiación: $37,5 billones en 2026 y $49,7 billones en 2036. Sin embargo, estas dependen de un crecimiento sostenido del empleo formal, lo que introduce un alto grado de incertidumbre.
El aval fiscal también contempla el 100 % del recaudo de impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, así como gravámenes a bebidas alcohólicas, el IVA social equivalente al 0,5 % del total recaudado y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
El déficit de las EPS: un problema de fondo
Más allá de las proyecciones, el presente financiero de las EPS es crítico. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reportó un patrimonio conjunto negativo de $12,4 billones a julio de 2025, sin incluir la situación de la Nueva EPS.
La Contraloría, por su parte, reveló que esta última acumuló pasivos por $21,4 billones en marzo de 2025, cifra muy superior a los $6,7 billones estimados en el aval fiscal. Este contraste demuestra que los cálculos oficiales podrían no reflejar la magnitud del problema.
¿Qué viene ahora?
El debate en el Congreso enfrenta una tensión evidente: de un lado, el Gobierno insiste en la urgencia de transformar el sistema para hacerlo más preventivo y equitativo; del otro, los estudios técnicos y la situación financiera de las EPS siembran dudas sobre la sostenibilidad del modelo planteado.
En este pulso político y fiscal, el desenlace aún es incierto. Lo que sí está claro es que el éxito o fracaso de la reforma a la salud dependerá no solo de la voluntad política, sino también de la precisión con la que se calculen los costos y de la capacidad del Estado para responder a un sector cuya fragilidad patrimonial ya es inocultable.
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