El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad para los candidatos a cargos de elección popular, en el marco del proceso electoral que se desarrolla en el país.
Así lo confirmó al término del cuarto Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), espacio en el que participaron representantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Durante la reunión se evaluaron los avances en materia de protección electoral, se identificaron riesgos regionalizados y se definieron acciones preventivas para evitar afectaciones al orden público. El ministro destacó la importancia del encuentro al recordar que está en juego la vida de quienes aspiran a cargos públicos.
“Esta reunión, que algunos pueden ver como rutinaria, es en realidad de enorme importancia: aquí se está valorando nada menos que la vida y la seguridad de personas que aspiran a la Presidencia de la República. Lo sucedido recientemente con el senador Miguel Uribe, a quien deseamos pronta recuperación, nos puso a todos en alerta”, afirmó Benedetti.
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El jefe de la cartera del Interior subrayó que la seguridad electoral no debe limitarse únicamente a la protección de eventos proselitistas, sino que debe ser entendida como parte integral de un proceso democrático que garantice la libertad de prensa, los derechos humanos y condiciones reales de participación para todos los aspirantes.
En respuesta a los riesgos identificados, el Gobierno anunció que, en coordinación con la Policía Nacional y la UNP, se están implementando medidas adicionales como asignación de vehículos blindados, entrega de chalecos, esquemas de seguridad con personal armado y seguimiento especializado a los candidatos. Estas acciones implican un despliegue importante de recursos logísticos, humanos y económicos.
“No necesito una sonrisa de un aspirante para saber si está bien protegido. Lo que se requiere es capacidad operativa de la Policía y de la UNP”, concluyó Benedetti, enfatizando que la protección electoral se basa en la eficiencia institucional, más allá de las apariencias públicas.
