A pocas horas de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional habría firmado contratos por miles de millones de pesos. La representante Katherine Miranda y el concejal Daniel Briceño denunciaron lo que califican como una “bofetada” a la transparencia y al uso responsable de los recursos públicos.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Estalló un nuevo escándalo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la presunta firma masiva de contratos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que comenzó a regir el pasado sábado 8 de noviembre.
De acuerdo con las denuncias de la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, el Ejecutivo habría suscrito convenios por cifras que van desde 1,5 billones hasta 9 billones de pesos en cuestión de horas, justo antes de que la normativa limitara la contratación estatal.
Miranda fue una de las primeras en alzar la voz desde el Congreso. Según la legisladora, el Gobierno “aprovechó el último minuto” para dejar firmados millonarios contratos. “Mientras los colombianos confiamos en que se cumpla la ley, el Gobierno sigue firmando contratos a toda marcha, pasando por encima de la Ley de Garantías”, aseguró.
La congresista afirmó que la magnitud de los recursos comprometidos en la semana previa a la restricción legal es alarmante.
“Que Colombia sepa que una semana antes de empezar la Ley de Garantías, el flamante gobierno de Gustavo Petro firmó contratos por nueve billones de pesos. ¡Nueve billones en una semana! Esto no es una burla al control fiscal, es una bofetada a la transparencia”, declaró Miranda.
Para la representante, el uso de los impuestos y los recursos públicos con fines políticos sería “inaceptable” en un gobierno que ha prometido transparencia. “La plata de los colombianos no puede verse como un botín de campaña del Pacto Histórico. Llamo a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría para que prendan las alarmas”, añadió.
Puede leer: Indepaz reportó el asesinato número 167 de líderes sociales en Colombia
Briceño señala el destino de los fondos
El concejal Daniel Briceño, reconocido por su labor de control político en Bogotá, también puso el foco en la situación. Desde su cuenta en la red X, reveló documentos y cifras que, aunque diferentes a las de Miranda, van en la misma dirección: un acelerado movimiento de recursos antes de la restricción electoral.
“Entre el 1 y el 7 de noviembre, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el gobierno Petro firmó convenios interadministrativos por 2,1 billones de pesos. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, cuestionó el cabildante.
Según Briceño, los registros detallan 2.109.485.280.348 pesos en convenios suscritos en esa semana. Los sectores más beneficiados serían trabajo, interior, tecnología, desarrollo rural y víctimas.
El Ministerio del Trabajo encabezó la lista con convenios por 775.096 millones de pesos, seguido por el Ministerio del Interior (211.662 millones), el MinTIC (170.460 millones), la Unidad de Víctimas (170.093 millones) y la Agencia de Desarrollo Rural (87.667 millones).
Sectores clave y asignaciones cuestionadas
El informe difundido por el concejal evidencia que la distribución sectorial abarcó casi todo el espectro del Estado. Entidades como Minas y Energía, Transporte, Salud, Defensa y Ambiente también habrían firmado convenios en ese lapso.
El Ministerio del Interior, por ejemplo, habría suscrito 52 contratos, mientras que otros organismos, como el Ministerio de Salud o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, firmaron entre 4 y 10 convenios.
La dispersión y velocidad en la asignación de recursos, según Briceño, sugiere “una ejecución acelerada con múltiples objetivos”, lo que genera preocupación sobre la transparencia de los procesos y la pertinencia del gasto.
También se registró la participación de agencias especializadas como la Agencia de Renovación del Territorio, el Fondo Adaptación y la Dirección de Cárceles, que manejaron montos considerables.
Reclamo por control institucional
Ambas denuncias apuntan a un posible uso indebido del poder contractual en vísperas del inicio de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías. Esta norma busca precisamente evitar que los gobiernos utilicen los recursos públicos para influir en procesos electorales.
Para los denunciantes, más allá de la diferencia en las cifras, el patrón es el mismo: un movimiento apresurado de fondos públicos justo antes de que se cerrara la ventana legal para hacerlo.
La pregunta que ahora flota es si los organismos de control —Contraloría, Fiscalía y Procuraduría— intervendrán para revisar los contratos y establecer si hubo violación de las disposiciones legales.
Mientras tanto, el debate político crece en el Congreso y en redes sociales, donde muchos ciudadanos exigen explicaciones claras sobre el destino de estos recursos y la legalidad de los procedimientos.
Puede leer: EE.UU. ofrece recompensa por información sobre ataque a helicóptero en Colombia
