El Huila se suma a la preocupación nacional por la polémica resolución del Gobierno Petro que busca modificar los marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Empresas operadoras en Neiva advierten riesgo de quiebra y recicladores temen quedar por fuera del sistema, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto que tendría la medida en las tarifas y en la prestación de los servicios públicos del departamento.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
El Gobierno nacional enfrenta una nueva controversia por cuenta de un proyecto que podría cambiar las reglas del juego para los servicios públicos domiciliarios. La iniciativa, liderada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), propone una actualización de los marcos tarifarios para acueducto, alcantarillado y aseo.
Aunque este proceso se realiza cada cinco años, en esta ocasión ha encendido las alarmas de distintos sectores, que aseguran que el Ejecutivo busca reducir las tarifas “a las malas” sin los estudios técnicos que respalden esa decisión.
Desde el Ministerio de Vivienda, Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos) y organizaciones de recicladores se ha advertido que el cambio podría desestabilizar el sistema e incluso generar una crisis similar a la que vivió Bogotá durante la administración de Gustavo Petro con su programa Basuras Cero.
El borrador de resolución, conocido por distintos gremios, pretende modificar las fórmulas con las que se calculan los costos del servicio. La CRA asegura que busca hacer más justo el cobro para los usuarios, pero para las empresas, funcionarios y recicladores el remedio podría ser peor que la enfermedad.
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Rechazo interno y salida de un viceministro
La controversia escaló dentro del propio Gobierno. En un hecho inusual, el presidente Gustavo Petro destituyó al viceministro de Agua, Edward Libreros, luego de que este cuestionara la falta de transparencia en la propuesta. En una carta enviada a la directora de la CRA, Nelly Mogollón, Libreros pidió revelar los estudios técnicos y eliminar los aspectos que exceden las competencias de la entidad.
“El documento técnico no contiene la información completa y suficiente para sustentar los análisis realizados”, escribió el exviceministro, advirtiendo que la Comisión estaba asumiendo funciones de política pública que corresponden al Ministerio de Vivienda.
Su salida confirmó que dentro del Ejecutivo hay tensiones por el manejo del tema tarifario, y que no todos los funcionarios están de acuerdo con la estrategia del presidente.
Los recicladores, en riesgo de desaparecer
Uno de los sectores más golpeados con la propuesta sería el de los recicladores, que en todo el país suman más de 74.000 familias que viven de la recolección y clasificación de residuos.
Paradójicamente, pese a que el propio presidente Petro ha defendido su labor como símbolo de justicia social, la propuesta de la CRA podría dejarlos sin sustento.
De acuerdo con Magda Villamizar, líder nacional del gremio, la resolución impone obligaciones imposibles de cumplir, como asumir los aportes de seguridad social de cada reciclador, realizar campañas educativas y gestionar contratos directos con los usuarios para recibir pagos por la separación en la fuente.
“Nos están haciendo exigencias que van a acabar con nuestro trabajo. No hay ninguna garantía. Desplazar a 74.000 recicladores no es justicia social”, advirtió Villamizar.
Para los recicladores del Huila, especialmente en Neiva, la situación genera preocupación. En la capital huilense operan cerca de 800 trabajadores del reciclaje que dependen del material recolectado en calles y barrios.
Si el nuevo marco se aprueba, advierten que no tendrían capacidad económica para sostener sus operaciones, ni mucho menos cumplir con las exigencias de formalización que ahora impone la CRA.
Empresas en alerta por riesgo de quiebra
Las empresas prestadoras del servicio de aseo también han encendido las alarmas. Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, la Comisión no está reconociendo todos los costos reales de operación, incluidos los incrementos derivados de la reducción de la jornada laboral y el pago adicional por trabajo nocturno y dominical.
Esto, sumado a la presión del Ejecutivo por reducir tarifas, podría generar un déficit financiero insostenible en las compañías que operan el servicio. En Neiva, por ejemplo, la empresa Ciudad Limpia presta la recolección de residuos a más de 120.000 usuarios y depende de la estabilidad tarifaria para sostener su operación.
“Cuando se imponen tarifas por debajo del costo real, se pone en riesgo la sostenibilidad del servicio. Esto podría afectar directamente a los usuarios, pues sin recursos, las empresas no podrán operar”, explicó un funcionario del sector consultado por este medio.
El riesgo, coinciden varios analistas, es que el país reviva el colapso del sistema de recolección de basuras ocurrido en Bogotá en 2012, cuando la improvisación y la falta de planeación dejaron toneladas de residuos acumulados en las calles.
¿Qué dice la CRA?
La Comisión de Regulación respondió a las críticas señalando que el proceso aún está en revisión y que las observaciones de los ciudadanos y gremios serán evaluadas antes de expedir la resolución final.
Según un comunicado, la CRA “analiza el avance de las observaciones clave de los procesos de participación ciudadana” y asegura haber desarrollado mesas de trabajo en ciudades como Santa Marta, Medellín, Cali, Villavicencio y Bogotá, con participación de usuarios, recicladores y prestadores de servicio.
No obstante, varios de los asistentes denunciaron que las sesiones no fueron abiertas ni transparentes, y que se negaron los documentos técnicos necesarios para sustentar la discusión. En el Huila, la expectativa crece ante los posibles efectos económicos y sociales de una regulación que modificaría la estructura tarifaria nacional a partir de 2026.
La mano de Ruth Quevedo
Tras la salida de Libreros, el Gobierno designó a Ruth Maritza Quevedo, economista de la Universidad Nacional y exfuncionaria de la administración Bogotá Humana, como la encargada de liderar la propuesta.
Fuentes de Andesco y del propio Ministerio de Vivienda afirman que Quevedo es el “cerebro” detrás del nuevo modelo tarifario, y que incluso podría tener conflictos de interés, pues ahora, como comisionada, deberá votar sobre la misma propuesta que ayudó a construir.
El gremio de las empresas de servicios públicos pidió su recusación, argumentando falta de imparcialidad: “Durante la audiencia pública del 24 de septiembre, hizo comentarios que muestran un sesgo frente al sector”, indicó Andesco en un documento conocido por la revista Semana.
Una decisión con impacto nacional
El futuro del proyecto está en manos de los cuatro expertos comisionados que integran la CRA, de los cuales dos fueron designados por el actual gobierno. En la decisión también participarán los delegados del Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Vivienda, Ambiente y Salud, y la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene voz, pero no voto.
De aprobarse la resolución antes de finalizar el año, entraría en vigor en 2026, y modificaría la forma en que se calculan las tarifas en todos los municipios del país, incluidos los del Huila.
Para alcaldes y empresas regionales, el cambio podría afectar la estabilidad financiera de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, lo que implicaría mayores dificultades para los usuarios y para la gestión de residuos.
Un panorama incierto
Mientras el Gobierno insiste en que la medida busca garantizar tarifas más justas y fortalecer el enfoque social, los gremios sostienen que la improvisación técnica podría costarle al país una crisis sanitaria y ambiental.
El recuerdo del colapso de basuras en Bogotá sigue vivo, y en regiones como el Huila los operadores esperan claridad antes de iniciar los ajustes.
La discusión apenas comienza, pero las consecuencias podrían sentirse en cada factura, en cada calle y en cada botadero del país.
Lo que está en juego con el nuevo marco tarifario
- Qué propone el Gobierno: Actualizar las fórmulas para calcular las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo en todo el país.
- Quién impulsa el cambio: La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), bajo lineamientos del Gobierno Petro.
- Por qué hay polémica: Empresas, recicladores y funcionarios advierten que no existen estudios técnicos suficientes y que la medida podría quebrar el sistema.
- A quién afecta: Más de 74.000 recicladores y miles de empresas operadoras del servicio.
- Qué pasa en el Huila: Operadores como Ciudad Limpia Neiva temen desequilibrio financiero y pérdida de empleos en el sector.
- Qué sigue: La CRA analizará las observaciones y podría aprobar la resolución antes de que termine 2025, para que empiece a regir en 2026.
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