Redacción Web
El Gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó en su nuevo proyecto de ley de financiamiento. Una propuesta que podría revertir los beneficios al impuesto del 4×1.000 aprobados en la reforma tributaria de 2022. De ser aprobado por el Congreso, el cambio entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026, dejando sin efecto la exención ampliada que estaba prevista para empezar a operar desde diciembre de 2024.
La reforma tributaria aprobada en 2022 introdujo un ajuste al gravamen a los movimientos financieros, con el propósito de hacerlo más flexible y equitativo. Antes de este cambio, los usuarios podían tener solo una cuenta bancaria exenta del tributo; todas las demás estaban sujetas al cobro del 0,4 %, sin importar el monto de las operaciones.
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El reversazo
La modificación presentada por el Gobierno Petro estableció que todas las cuentas bancarias de una persona—incluidas ahorro, corriente o depósitos electrónicos—estarían exentas siempre que los movimientos mensuales no superaran los 350 UVT, equivalentes hoy a $17.429.650. De esta manera, la exención dejaría de depender del número de cuentas para centrarse en el monto total de las transacciones.
Sin embargo, el nuevo proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda busca derogar esta medida y volver al esquema previo. Según el texto de la ponencia que será discutido en las comisiones económicas conjuntas el 2 de diciembre, las entidades financieras ya no tendrían la obligación de aplicar la exención por monto total, lo que implicaría que los usuarios perderían el beneficio anunciado hace dos años.
Dificultades técnicas
La implementación del nuevo modelo ha tenido dificultades técnicas. Para hacerlo posible, todas las entidades financieras debían adoptar un sistema de información universal que permitiera verificar en tiempo real los movimientos de cada usuario, y así determinar el momento exacto en que se debía aplicar el gravamen. Este sistema debía integrar datos de bancos, cooperativas, fondos de empleados y cajas de compensación, un desafío especialmente complejo para las instituciones pequeñas o con limitada capacidad tecnológica.
Como consecuencia, a pesar de que la norma debía entrar en funcionamiento a mediados de diciembre de 2024, los usuarios no han podido acceder efectivamente a la exención. Incluso, algunos ciudadanos han reportado cobros indebidos del impuesto, pese a no superar los topes establecidos. Según la abogada tributarista Katherin Díaz, la DIAN autorizó a los contribuyentes a solicitar la devolución de estos cobros, aun cuando los bancos no cuentan todavía con el sistema requerido.
Por ahora, las entidades financieras mantienen la obligación legal de implementar la plataforma, y los usuarios conservan el derecho a exigir la aplicación de la exención. No obstante, si la reforma tributaria avanza en el Congreso como está planteada, el país volvería al modelo tradicional del 4×1.000 a partir de 2026.
