El Gobierno nacional a través de un borrador del plan de austeridad para 2025, emitirá nuevas directrices para las entidades públicas, enfocándose en la reducción de gastos en la contratación de servicios externos. En un esfuerzo por optimizar los recursos del Estado, el documento señala que solo se aprobarán contratos de prestación de servicios cuando sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de funciones y objetivos específicos de las entidades, y cuando estas actividades no puedan ser realizadas por personal de planta o requieran capacidades externas.
El documento borrador, que tiene aproximadamente 10 páginas, establece que no se podrán celebrar nuevos contratos que tengan el mismo objeto de aquellos ya vigentes, salvo autorización expresa de los responsables de cada entidad, lo que buscará evitar duplicidad en los gastos públicos.
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Cabe resaltar que, el presupuesto, aprobado en una suma total de 511 billones de pesos, está diseñado para cubrir los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública. La distribución presupuestal se fundamenta en principios de eficacia y celeridad, conforme al artículo 209 de la Constitución Política. El Gobierno buscó garantizar la ejecución adecuada de los recursos a pesar de los retos que plantea la ausencia de nuevos ingresos tributarios.
El presupuesto para 2025 se divide en tres grandes rubros: funcionamiento, que cubre los costos administrativos del Gobierno, como salarios y gastos operativos de las entidades estatales; inversión, destinada a proyectos de desarrollo social, infraestructura, educación, salud y otras áreas prioritarias; y servicio de la deuda, que asigna recursos para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas por la Nación.
Sin embargo, en el decreto que aún no sale y que fue filtrado, se lee que: “Las actuaciones de los Órganos del Poder Público deben desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y recursos públicos”.
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