El Gobierno nacional estudia la posibilidad de subsidiar el pago de horas extras a las micro y pequeñas empresas que remuneran a sus empleados por labores después de las 6:00 p.m., como parte de una estrategia para mitigar los impactos económicos derivados de la implementación de la nueva normativa laboral.
La propuesta fue anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una mesa de trabajo con representantes del sector financiero, en la que se abordaron las inquietudes surgidas tras el lanzamiento de la Consulta Digital impulsada por el Gobierno.
“Se plantea una inquietud que guarda estrecha relación con las declaraciones del señor presidente durante el último año, y es contemplar la posibilidad de establecer un subsidio dirigido a pequeños empresarios, con el propósito de facilitar la implementación de la nueva normativa que busca el fin de la jornada laboral a las 6 de la tarde”, señaló Benedetti.
El ministro subrayó que esta medida tiene especial relevancia en el contexto actual, dado que muchas micro y medianas empresas enfrentan dificultades económicas que dificultan la adaptación a los cambios propuestos por la Reforma Laboral.
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“Es una propuesta que actualmente se está estudiando, ya que la pregunta es pertinente, ha despertado el interés del Gobierno y se encuentra en proceso de análisis técnico. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Reforma Laboral, cuya meta central es respaldar a la clase obrera y contribuir a la dinamización de la economía nacional”, agregó Benedetti.
Según explicó, el subsidio podría formar parte de los temas sometidos a votación dentro de la Consulta Popular, un mecanismo que permitirá a la ciudadanía pronunciarse sobre asuntos clave relacionados con el modelo económico y laboral del país.
La jornada nocturna, que según el nuevo marco normativo iniciaría a las 6:00 p.m., ha sido uno de los puntos más debatidos de la reforma impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras los sindicatos han respaldado la propuesta, diversos sectores empresariales han manifestado preocupación por los sobrecostos que implicaría su implementación sin un acompañamiento económico estatal.
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