El Gobierno Nacional abrió un fuerte debate en el sector vivienda tras expedir el decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, con el que eliminó la exigencia de licencia de construcción para los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción.
La nueva norma, impulsada por el Ministerio de Vivienda, establece que estas intervenciones podrán realizarse bajo un modelo de “autogestión”, sin pasar por los trámites urbanísticos tradicionales.
El cambio aplica de inmediato, incluso aunque el mismo decreto contempla que en los próximos seis meses se deberá implementar una estrategia de capacitación y certificación para arquitectos e ingenieros responsables. Por ahora, los proyectos solo requerirán una carta de responsabilidad firmada por un profesional y el registro ante los entes territoriales.
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Una inversión de $12,5 billones sin licencia
Los programas de mejoramiento financiados por el Estado pueden entregar hasta $31,3 millones por hogar, equivalentes a 22 salarios mínimos. Con la meta de inversión proyectada —$12,5 billones en total—, se trata de uno de los mayores planes de intervención habitacional en el país… sin licencias de construcción.
Advertencias por desregulación
La decisión ha generado cuestionamientos entre especialistas del sector, quienes consideran que se desactiva uno de los principales instrumentos de formalidad, seguridad y control técnico.
Expertos coinciden en que, al disminuir el control institucional, existe la posibilidad de que las obras se ejecuten sin los estudios, supervisión y estándares mínimos que normalmente exige la normativa urbanística.
A pesar de las críticas, el decreto ya rige en todo el país. El Gobierno sostiene que la eliminación de licencias agilizará las obras y permitirá ejecutar con mayor rapidez los programas de vivienda prioritaria. Sin embargo, el sector técnico advierte que la velocidad no puede reemplazar la seguridad ni la verificación independiente.
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