El Gobierno de Gustavo Petro dio un paso que ha despertado fuertes debates en el país: la designación de 16 antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.
La medida, formalizada a través de la resolución 327 de 2025, busca cerrar definitivamente el proceso de desmovilización iniciado en 2003 y aprovechar la experiencia de los exjefes en el conflicto armado para prevenir nuevas expresiones de violencia.
En la lista figuran nombres que marcaron con sangre la historia reciente de Colombia. Entre ellos, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’) y Freddy Rendón Herrera (‘El Alemán’). Todos acumulan condenas por homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, reclutamiento de menores, narcotráfico y violencia sexual.
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El listado también incluye a Hernán Giraldo Serna, del Frente Resistencia Tayrona, procesado por múltiples crímenes, así como a Ramiro Vanoy, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago, entre otros. Varios de ellos fueron extraditados a Estados Unidos en 2008 y han participado en procesos judiciales bajo Justicia y Paz o ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Ejecutivo defiende la medida como un paso necesario para consolidar la verdad, la reparación y la no repetición. Según el Gobierno, los exjefes paramilitares pueden aportar a que un proceso inconcluso —que dejó vacíos y nuevas violencias en las regiones— tenga finalmente un cierre.
Sin embargo, la decisión no está exenta de polémica. Sectores críticos sostienen que darles el rol de gestores de paz a responsables de miles de crímenes envía un mensaje de impunidad y revictimización para quienes sufrieron la violencia paramilitar.
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