Una nueva medida migratoria impulsada por la administración del expresidente Donald Trump ha entrado en vigor tras el aval de un juez federal. El nuevo requerimiento obliga a todas las personas indocumentadas en Estados Unidos a registrarse formalmente ante el gobierno, un proceso que deberá cumplir cualquier migrante mayor de 14 años sin estatus legal en el país.
La decisión fue respaldada por el magistrado Trevor Neil McFadden, quien desestimó una demanda contra la iniciativa, argumentando que los demandantes no tenían legitimación legal suficiente para frenar el proceso. Con este fallo, el registro obligatorio fue autorizado y comenzó a aplicarse desde el viernes 11 de abril.
Según la normativa, el registro incluye la toma de huellas dactilares y la entrega de una dirección de residencia. En el caso de menores de edad, los responsables legales deberán garantizar el cumplimiento del trámite.
«El presidente Trump y la secretaria Kristi Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora», expresó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al respaldar la implementación de la medida.
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¿A quiénes aplica la nueva disposición?
El registro obligatorio se extiende a todos los extranjeros sin autorización legal en territorio estadounidense, sin importar su país de origen. También incluye a ciudadanos canadienses que permanezcan en EE. UU. por más de 30 días, como los denominados snowbirds, canadienses jubilados que pasan los meses de invierno en estados como Florida.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) aclaró que el nuevo registro no equivale a un estatus migratorio, no otorga permisos de trabajo ni otros beneficios migratorios, sino que tiene únicamente fines administrativos y de control.
“La documentación de registro no establece una autorización de empleo ni proporciona ningún otro derecho o beneficio bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, precisó la entidad en un comunicado.
Sanciones por incumplimiento
Las personas que no se registren estarían expuestas a multas, procesos judiciales e incluso penas de prisión, según advirtió el DHS. La exigencia se enmarca dentro de las políticas más estrictas de control migratorio promovidas por Trump, quien ha retomado protagonismo en el escenario político estadounidense con un discurso enfocado en la “seguridad nacional” y la reducción de la inmigración irregular.
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