El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, expresó su rechazo a la reciente orden de captura emitida por una Sala de Apelaciones en contra del embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo. Ambos exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) son señalados por supuestas irregularidades en el caso Odebrecht.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo guatemalteco aseguró que la medida judicial “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y advirtió que vulnera el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala para el establecimiento de la CICIG. Según el pronunciamiento, se trata de acciones con “objetivos políticos” que contradicen los principios del Estado de derecho.
La orden fue proferida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial, presidida por el abogado Alejandro Prado, y ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales por sus decisiones anteriores en casos como el del periodista José Rubén Zamora Marroquín y exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral.
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El Ministerio Público de Guatemala, promotor de la solicitud de detención, ha sido objeto de sanciones internacionales, incluyendo restricciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, debido a señalamientos por obstrucción a la justicia y presuntos intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
Por su parte, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Estados Unidos, cuestionó la legalidad del proceso al recordar que las salas de apelaciones no tienen competencia para emitir órdenes de captura en Guatemala.
La CICIG, activa entre 2007 y 2019, logró desarticular más de cien redes de corrupción en el Estado guatemalteco. Velásquez, quien fue su comisionado, ocupó también el cargo de ministro de Defensa en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro. Luz Adriana Camargo, actual fiscal general colombiana, participó como investigadora en varios de los casos más emblemáticos liderados por la comisión.
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