A través del Decreto 0466 del 23 de abril de 2025, el Gobierno nacional oficializó la entrega de un incentivo económico temporal para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participan en operaciones en el Catatumbo.
El reconocimiento, que representa el 15 % de un salario mínimo mensual legal vigente, beneficiará a uniformados que hayan desarrollado operaciones militares, labores de inteligencia o funciones operativas en esa zona del nororiente colombiano durante al menos cinco días —continuos o discontinuos— dentro del respectivo mes.
La medida aplica a (entre subteniente y teniente coronel), suboficiales de las Fuerzas Militares, soldados e infantes de marina profesionales, así como patrulleros, agentes y personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. El Comando de Personal de cada fuerza o la dirección regional correspondiente será la encargada de certificar los beneficiarios.
Este incentivo económico se financiará con recursos adicionados al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, de los cuales 881.297 millones de pesos están destinados específicamente al fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública. En total, el Gobierno adicionó 2,7 billones de pesos al presupuesto nacional como parte de la estrategia integral de respuesta al orden público en Catatumbo.
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El Decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y los 19 ministros del Gabinete, resalta que esta medida busca “reconocer la constancia y permanencia en servicio” de los uniformados que han enfrentado situaciones de riesgo en la región.
Contexto del estado de excepción
La disposición tiene como antecedente el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior en 17 municipios de Norte de Santander y el sur del Cesar, así como en territorios indígenas y el área metropolitana de Cúcuta, por un periodo de 90 días. Esta decisión fue motivada por una grave perturbación del orden público derivada de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.
Aunque este 23 de abril el Gobierno decidió levantar formalmente el estado de excepción, a través del Decreto 0467, determinó prorrogar por 90 días la vigencia de 11 decretos expedidos durante la conmoción interior. Esta prórroga busca continuar con la atención a las comunidades afectadas y mantener medidas que garanticen la seguridad y estabilidad institucional en la región.
Entre los decretos prorrogados se encuentra el que establece mecanismos de sustitución de cultivos de uso ilícito, protección de tierras y activos rurales, restricciones al uso de insumos químicos controlados, y planes para el fortalecimiento productivo de zonas rurales.
La región del Catatumbo, compuesta por municipios como Tibú, El Tarra, Ocaña, San Calixto y Hacarí, continúa siendo una de las más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y acciones violentas que comprometen tanto a la población civil como a la fuerza pública.
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