El cúmulo de procesos jurídicos que enfrenta el actual gobierno departamental, en un significativo porcentaje reclaman el restablecimiento de derechos. Los docentes, ocupan el mayor número de procesos con los que lidia la gobernación del Huila.
DIARIO DEL HUILA,
Por: Francy Villarreal Ruiz
Cristina Cortés Fierro, directora del departamento jurídico de la gobernación del Huila, se refirió a como se trata los asuntos legales de la institución, ante las demandas instauradas.
“El departamento administrativo jurídico tiene como función esencial, en principio, ejercer la defensa jurídica al departamento del Huila, hacer la revisión de los actos administrativos que suscribe el señor gobernador del departamento del Huila y ejercer control de legalidad frente a los acuerdos municipales que son aprobados por los diferentes consejos de los municipios del departamento”, afirmó Cortez Fierro.
En la actualidad, el departamento del Huila ha realizado en lo corrido del año control de legalidad frente aproximadamente 25 actos administrativos; acuerdos municipales suscritos por diferentes consejos.
El año anterior, 2024 según la directora, se realizó un control de legalidad mayoritariamente frente los acuerdos municipales que aprobaron los planes de desarrollo.
“Fue el mayor número de acuerdos que nosotros pudimos ejercer control de legalidad. Entre los que se cuentan aproximadamente 20, y 33 municipios a los que nosotros el hicimos un control de legalidad por la aprobación del Plan de Desarrollo”.
Frente a otro tipo de demandas, en lo que respecta al número de peticiones que se tienen contra el departamento, en temas de reparación, nulidad y restablecimiento del derecho frente a acciones establecidas en derecho.
“Tenemos una estadística a hoy, y esto claramente pues va cambiando semana tras semana y día tras día porque van a saliendo nuevos fallos, pero entregamos un reporte de un total de 1448 procesos. La mayoría, estoy hablando de un 80% son acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde es llamado el departamento por los actos administrativos que se suscriben en atención a eh las acciones que se impetran ante la Secretaría de Educación por una delegación que se hace a los departamentos y esto es básicamente por actos administrativos del fondo que administra los beneficios de los docentes públicos en Colombia Fomag”, señaló Cortés Fierro.
Acotó la directora del departamento jurídico, que el porcentaje de pérdida frente al departamento es muy bajo, pues las condenas en su mayoría salen para el Fomag; porcentualmente para el departamento realmente es muy bajo.
Perdida de procesos
En los que respecta a la probabilidad de pérdida de las acciones, se tiene un reporte del total cuatro que son de grupo, al igual que de acción de nulidad simple; cuatro en este momento vigentes que son básicamente los controles de legalidad.
En repetición se reportan dos, en cuanto a acciones populares se tienen 54 en las que el gobierno departamental, ha sido vinculado en subsidiariedad, ya que son acciones populares que se impetran contra los municipios y la institución regional es la llamada a dar respuestas frente a la subsidiariedad.
Asimismo, reporta que en acciones de lesividad existen 26, contractuales 45, pertenencia se reportan 4, ejecutivos tenemos 13, ordinarios en laborales tenemos alrededor de 90, en nulidades simples se reportan 3 y declarativos un caso.
Casos de difícil maniobra
Frente a la responsabilidad del departamento, la directora Cristina Cortés Fierro indicó también, cuáles de estos procesos cuantifican una característica de difícil maniobra jurídica frente a cómo enfrenta ese tipo de acciones de demandas del departamento.
“Es muy relativo, no podría decir en estos momentos cuáles porque pues son muchos procesos, pero básicamente lo que nos trae un número de condenas más altas son las opciones de reparación directa por daños antijurídicos especialmente generados por terceros, nos vinculan como llamados no directos, pero sí nos traen en un porcentaje las condenas más altas”.
Se refirió a que unos de los casos se relacionan con un accidente de tránsito, donde se tiene un caso en el municipio de Suaza, en el que la condena fue bastante alta y la responsabilidad fue del contratista, “en este caso nos vincularon en la Corte Suprema de Justicia y pues esto nos trajo una condena desde el punto de vista patrimonial bastante alta”.
Municipios con más procesos
Para el caso, cuantificar puede ser muy homogéneo, puesto que las demandas que se han impetrado, en su mayoría se presentaron el año pasado en la estructuración de los Planes de Desarrollo.
Para este año, básicamente lo que más se ha demandado ha sido por movimientos presupuestales en donde les han otorgado facultades a los alcaldes; que ya la Corte Constitucional ha indicado que es inconstitucional, “entonces nosotros pues hemos ejercido el medio de control”.
Finalmente, la representante jurídica de la gobernación del Huila puntualizó que se han interpuesto unas cien demandas como medios de control y acciones de repetición, se han demandado acuerdos municipales, actos administrativos por considerar que tienen vicios de legalidad.
Uno de los procesos jurídicos más complicados que ha tenido hasta el momento la gobernación del Huila ha sido el proyecto denominado “Los colegios de la felicidad”, el cual fue siniestrado y ha presentado diferentes controversias contractuales, dijo la funcionaria.
Tema que a propósito espera la Asamblea Departamental, en los próximos días citar a debate de control político, al secretario de Educación Edgar Martín Lara; para conocer los resultados de la consultoría contratada hace un año por 440 millones de pesos, donde se definirá el futuro del fallido proyecto en pro de la educación de los municipios de Algeciras, El Agrado, El Pital, La Argentina, La Plata e Isnos.
