La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido remitir el caso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), luego de que este no reconociera su responsabilidad en la consolidación de un patrón macrocriminal en el que se inscriben al menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.
Montoya, quien ejercía como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional durante ese período, sigue siendo investigado en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, el cual examina crímenes cometidos por la fuerza pública durante el conflicto armado interno. A pesar de las pruebas presentadas en su contra, el general no ha reconocido su responsabilidad y se encuentra bajo investigación por homicidios de personas protegidas y desapariciones forzadas, crímenes de guerra que también constituyen crímenes de lesa humanidad.
La UIA, que funciona como la fiscalía de la JEP, ahora se encargará de continuar con la investigación y determinar si Montoya será acusado ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV), un tribunal especializado que llevará a cabo el proceso adversarial. En caso de ser hallado culpable, Montoya podría enfrentarse a una condena de hasta 20 años de cárcel.
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Según la Sala, Montoya no solo fue responsable como autor de estos crímenes, sino que también contribuyó al surgimiento de un patrón criminal que implicó tres modalidades de actuación: el secuestro de personas inocentes, el engaño de personas vulnerables para asesinarlas y presentarlas como bajas en combate, y el asesinato de civiles fuera de combate, en su mayoría inocentes, presentados erróneamente como guerrilleros.
Las pruebas documentales obtenidas por la Sala revelaron que Montoya, en lugar de proteger a las víctimas, favoreció la creación de un ambiente de competencia entre sus subordinados para reportar «bajas en combate», las cuales se consideraban un indicador de éxito militar. Esta política de «muertes en combate» promovió la violencia y las extralimitaciones en el uso de la fuerza, lo que resultó en la muerte de civiles inocentes, incluidos menores de edad.
La decisión se produce después de que Montoya intentara apelar la imputación presentada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, alegando irregularidades en el proceso. Sin embargo, la Sección de Apelación de la JEP desestimó su recurso, confirmando la validez de la imputación y la necesidad de remitir su caso a la UIA para continuar con el proceso judicial.
Montoya es uno de los 159 máximos responsables investigados en el Caso 03, que abarca una serie de crímenes cometidos por la fuerza pública y las extintas FARC-EP. A la fecha, la JEP ha imputado a 102 miembros de la fuerza pública, de los cuales 87 han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad.
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