Aníbal Charry González
Un galimatías según la definición dela Real Academia de la Lengua “Es un lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas”. Mejor dicho, en lenguaje prosaico es un lío o enredo al cual están acostumbrados los políticos o mejor politiqueros en nuestro medio para decir algo enredando más las cosas, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en materia electoral con los fallos proferidos por el Tribunal de Bogotá respecto de la consulta del Pacto Histórico, donde primero decretó una medida cautelar que permitió la inscripción de los precandidatos presidenciales: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, comunicando que protegería los derechos a la igualdad y a la participación política, para después negar la tutela porque no advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, echando para atrás lo que antes había concedido como medida cautelar.
Y es que no cabe duda de que se trata de un fallo que hay que respetar y acatar, pero confuso y contradictorio que generó un limbo sobre la realización de la consulta, cuando ya se habían activado con la concesión de la cautela, todas las medidas para llevarla a cabo por parte de la Registraduría Nacional con ingente disposición de recursos públicos que se estiman en más de 190.000 millones que no se pueden despilfarrar, por lo que no quedaba otra alternativa que continuar con su trámite para no generar un gran detrimento patrimonial, como lo decidió el mismo ente electoral, así implicara un desconocimiento al fallo de tutela mencionado que contiene un auténtico galimatías jurídico electoral.
Lo anterior demuestra la necesidad imperiosa de hacer una reforma al sistema político electoral podrido que tenemos como tantas veces lo he dicho, con la creación de una corte electoral con facultades jurisdiccionales independiente, que reemplace el remedo que tenemos de corte electoral elegida por la politiquería que no tiene ninguna credibilidad como el contaminado Consejo Nacional Electoral integrado por politiqueros cuestionados que adoptan decisiones del mismo calibre, y una verdadera organización de partidos para que no sean simples dispensadores de avales al mejor postor, con financiación de campañas por parte del Estado a través de los partidos que hagan las consultas con sus propios militantes y no abiertas donde intervienen toda clase de partidos buscando no el ejercicio de la democracia, sino su tergiversación de acuerdo a las apetencias del enjambre de partidos que tienen la política como mafia para el enriquecimiento ilícito, en detrimento del ejercicio sano de la política como arte de gobierno en beneficio del pueblo colombiano.
