La Fiscalía General de la Nación informó que mantiene abiertas varias líneas investigativas para identificar y judicializar a los responsables del direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo acercamientos con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, con el objetivo de avanzar en una posible negociación judicial que permitiera fortalecer uno de los frentes investigativos mediante la entrega de nueva información y evidencias.
Durante las reuniones, la defensa de Ortiz Nova solicitó a la Fiscalía el otorgamiento de inmunidad penal total, a través de la figura de principio de oportunidad. Sin embargo, el ente acusador rechazó dicha solicitud, al considerar que los delitos por los que fue imputada —lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público— revisten gravedad, y que la colaboración ofrecida no cumple con los requisitos de veracidad y sustentación exigidos para aplicar este tipo de beneficios judiciales.
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“La información proporcionada hasta ahora por la exfuncionaria ha sido confusa, contradictoria y carente de soporte probatorio que permita corroborar sus afirmaciones”, indicó la Fiscalía en su comunicado, añadiendo que, en esas condiciones, el ofrecimiento no superaría el control judicial requerido para su aprobación.
Frente a la negativa, Sandra Ortiz anunció su intención de hacer públicos los términos de los acercamientos con la Fiscalía y los detalles del caso de corrupción que afirma conocer. No obstante, el ente investigador aclaró que cualquier pronunciamiento de la exconsejera se realizará bajo su exclusiva responsabilidad y no compromete a la Fiscalía en el marco de la justicia premial.
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